CARACAS/EFE
La Iglesia venezolana pidió ayer una solución pacífica a la situación de “horror” que se vive en el complejo carcelario de El Rodeo, cercano a Caracas, cuando se cumplen diez días de la intervención militar a la que se resiste un millar de presos armados y atrincherados en uno de los penales.
“Es importante que los reos comprendan que no pueden mantenerse en este estado de rebeldía armada. Ellos deben deponer las armas y deben ajustarse a las leyes pero, por supuesto, teniendo la garantía de que se les van a respetar sus derechos humanos”, señaló el Arzobispo de Caracas, Jorge Urosa.
En declaraciones a periodistas, el Cardenal hizo un llamado a las autoridades para que “propicien el diálogo” y para que “todas las medidas” que tomen se ajusten “a las normas constitucionales y a los derechos humanos”.
“Hago un llamado para que se realice una profunda e inmediata transformación en las cárceles de Venezuela, que termine con las continuas muertes y con esta situación de horror que se vive en los penales venezolanos”, indicó.
El gobierno de Hugo Chávez aguarda la rendición de un millar de presos que permanecen atrincherados en la penitenciaría de El Rodeo II, cercana a Caracas, desde que el día 17 lanzó una operación con 5,000 militares para controlar ese penal y el aledaño El Rodeo I.
SIETE MUERTOS DESDE TOMA
La operación castrense, que logró la toma de El Rodeo I en la primera jornada, ha dejado hasta el momento un saldo oficial de dos soldados y un preso muertos y una veintena de heridos entre miembros de la Guardia Nacional de Venezuela (GNB, policía militarizada). El Gobierno no ha informado de internos lesionados.
Además, el jueves los reclusos entregaron al Gobierno cuatro cuerpos en estado de descomposición, que supuestamente, según las autoridades, corresponden a reos que perecieron en un enfrentamiento interno.
Como han venido haciendo desde el inicio del operativo, familiares de los presos reclamaron ayer mayor información gubernamental sobre la salud de los internos.
PLANES CONTRA CORRUPCIÓN EN PENALES
Por otra parte la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció ayer que su despacho está diseñando un plan contra la corrupción en los centros penitenciarios que prevé distribuir un fiscal para cada uno de los penales del país para que controlen cualquier situación relacionada con el tráfico de armas y drogas.
“Son demasiados intereses los que hay alrededor de las cárceles”, dijo Ortega en una entrevista en el canal privado Televen.
Desde la oposición, el diputado Julio Borges pidió que se cree una comisión internacional que busque una mediación al problema y criticó que el Gobierno “no haya tenido la voluntad” de destruir el “gran negocio de corrupción” que hay entre “funcionarios del gobierno y la GNB”.
El Gobierno decidió intervenir El Rodeo I y El Rodeo II tras un enfrentamiento el 12 de junio entre bandas rivales armadas en El Rodeo I, que dejó un saldo oficial de 22 muertos, entre ellos un visitante.
La Fiscalía ordenó el viernes la detención de siete funcionarios del penitenciario y la Guardia Nacional, que estarían involucrados en actos de corrupción en la cárcel.
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