La Policía Nacional a cada momento se ufana de decir que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Otra cosa es que sea el país menos violento y eso no lo hace el más seguro.
Los hechos delictivos florecen cada día, la población se siente indefensa frente a la delincuencia común y el crimen organizado, mientras que desde el Presidente de la República hasta el funcionario de Estado de última categoría hacen alarde de seguridad con agentes, patrullas y todo tipo de dispositivo de seguridad.
Y esa ofensa de seguridad la vemos todos los días cuando el Presidente de la República, sus familiares y/o allegados, diputados, candidatos presidenciales, o la propia jefa de la Policía Nacional, van apartando carros por las calles como que si se fueran capeando de delincuentes, en vez de brindar seguridad a las ciudades del país y combatir los focos de delincuencia que afectan a la población, que con sus impuestos paga para que haya seguridad ciudadana. Los funcionarios usan a los agentes como seguridad privada, pero revestida con la figura del Estado y eso es grave.
El caso de ayer en el que pereció un delincuente en una unidad de transporte urbano colectivo, en las cercanías de la rotonda El Periodista, en Managua, pone de manifiesto que la delincuencia no da tregua a la ciudadanía. El delincuente intercambió disparos con agentes del orden público y resultó muerto.
La tolerancia cero contra cualquier manifestación de delito debería prevalecer, pero al mismo tiempo debe existir una política de gobierno para restablecer los tejidos sociales rotos por falta de empleo, educación, inversión pública, respeto a la institucionalidad, la democracia y los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Pero no, aquí este Gobierno además de fomentar la delincuencia con su corrupción y mandando a atacar a los manifestantes opositores con pandilleros, engaña a la población con migajas, las cuales se encarga de hacerlas aparecer como grandes cosas, mientras la cúpula gobernante amasa fortunas y se enriquece vorazmente. La diferencia entre los delincuentes comunes y los de corbata son solo algunos “estilachos”, pero el efecto es igualmente devastador para una sociedad que necesita avanzar hacia su desarrollo integral.
La semana pasada el narcotráfico intentó pasar miles de dólares por el país; en León una mujer fue violada y vapuleada brutalmente así como un anciano fue asesinado en la misma ciudad. Este lunes una pareja de ancianos fue secuestrada en San Isidro, Matagalpa. En Ometepe, Granada y San Juan del Sur, también se han registrado hechos delictivos donde la Policía local deja mucho que desear. Ayer otros delincuentes entraron a robar en la iglesia San Agustín, en Managua.
Y lo peor es que en el caso de la Ruta del Triángulo del Sur (San Juan del Sur, Ometepe y Granada), organismos no gubernamentales, la comunidad, empresarios turísticos y alcaldes han hecho lo suyo para mantener esta zona turística como un destino seguro, pero el mando central de la Policía Nacional está más enfocado en cumplir las orientaciones políticas de su jefe, el Presidente de la República, que en realmente garantizar en su integralidad, la seguridad ciudadana. La inseguridad avanza y la Policía tiene enorme deuda junto con el Gobierno central.
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