Miami, el principal refugio de los nicaragüenses perseguidos o reprimidos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre 1979 y 1989, es hoy un sitio de interés de la campaña electoral de este partido, cuyo candidato eterno, el presidente Daniel Ortega, quiere ser reelecto en noviembre contraviniendo la Constitución de Nicaragua.
Lo que falta aclarar es qué buscan Ortega y su partido en Miami, en una comunidad adversa para él, si Nicaragua carece del mecanismo de voto en el exterior y por ende allí es nula su posibilidad de conseguir respaldo electoral efectivo. Algunos nicaragüenses en Estados Unidos van a su tierra de origen a votar en las elecciones generales, pero son pocos porque pocos han tenido la suerte de recibir la cédula de identidad y, además, ese viaje les cuesta entre 1,000 y 1,500 dólares por persona, cuando menos.
Sin embargo, desde que Ortega volvió al poder, en enero de 2007, el FSLN busca proyección en Miami y ha organizado a unos cuarenta simpatizantes en un Comité de Liderazgo Sandinista (CLS), estructura similar a la que utiliza en Nicaragua para congregar y controlar a empleados públicos y gremios.
Laureano, uno de los hijos del presidente Ortega, ha sido visto varias veces en Miami y en una ocasión se reunió con jugadores de beisbol aficionado de origen nicaragüense, a quienes ofreció ayudas.
Fiel a su estilo, el FSLN también comete ilegalidades en Miami, donde utiliza el Consulado General de Nicaragua para acciones partidarias. El cónsul Luis Martínez, pagado con dinero del Estado, es además el delegado político del FSLN y aparece en sitios públicos portando la bandera roja y negra de ese partido.
El último evento propagandístico del FSLN en Miami ocurrió este domingo, al asistir a un desfile hípico el general en retiro Omar Halleslevens, candidato a vicepresidente de Nicaragua o segundo de Daniel Ortega, lo que provocó protestas de la comunidad exiliada desde los años ochenta.
Halleslevens, jefe del Ejército de Nicaragua hasta hace año y medio, fue jefe de contrainteligencia de las fuerzas armadas sandinistas en la década de 1980 y ha sido vinculado a violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas miskitas.
Aunque ningún nicaragüense podrá votar desde Miami el 6 de noviembre próximo, porque el FSLN se ha opuesto al voto en el exterior, resulta obvio que este partido trata de lavarse la cara ante una comunidad que aún resiente la represión y las confiscaciones de propiedades que hizo el primer régimen de Ortega en los años ochenta.
Aprovechando que un sector de sus partidarios emigraron a Estados Unidos tras perder el poder en 1990, el FSLN quiere ahora convencer a otra parte de la comunidad, quizás a los hijos de los exiliados, de que ya es un partido distinto y necesita un voto de confianza.
Los nicaragüenses en el exterior, aunque se les impide votar desde donde viven, influyen en algunas decisiones de sus parientes en Nicaragua, porque mandan remesas que suman casi mil millones de dólares al año. Es una razón para que Ortega se interese en obtener un aval de la comunidad en Miami, que él utilizaría para venderse como el “reconciliador” del país, mientras sigue ofendiendo a quienes piensan distinto, reprimiendo la libre expresión y atentando contra la democracia.
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