Por María Haydeé Brenes.- La niña de ocho años entró corriendo a buscar un pocillo, pero escuchó como si alguien se ahogaba y corrió de inmediato a auxiliar a su tía Mina, que nació con parálisis cerebral.
Pensó que la almohada se le había movido y se ahogaba con su saliva. Lo que vio al levantar la cortina, que sirve como división entre el aposento y la pequeña sala, fue al vecino sobre Mina. Salió sin hacer ruido y llamó a su mamá.
Cuando llegaron al cuarto, Mina estaba inquieta. Todo parecía estar normal pero la madre de la niña la revisó notando la humedad en sus genitales. Después del escándalo de los familiares, que machete en mano buscaron al vecino, nadie más le ha visto. Algunos aseguran que se fue del país.
La familia de Mina (no es su nombre real) denunció el caso ante un policía voluntario, pero la denuncia no prosperó pues no tenían los recursos económicos para completar todos los procedimientos como llevarla a Medicina Legal para ser evaluada y juntar las evidencias que obligarían al Estado a llevar a la cárcel al hombre.
Ellos prefieren quedarse en una comunidad del municipio de San Fernando, en el departamento de Nueva Segovia y olvidar lo ocurrido, porque estar contando la historia les hace sentir culpables de no haber cuidado a la niña, como le llaman.
El caso de Mina, es uno de los tantos que se dan en el país, que no prosperan por falta de acceso a la justicia.
“El acceso a la justicia no es solo presentarse ante el juez y que se dicte sentencia, es todo un engranaje que por diversas razones no está funcionando para dar a la víctima una respuesta que haga sentir que el Estado en realidad es su protector”, señala Azahálea Solís, representante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), quien realizó un estudio titulado Para mí la justicia anda perdida , donde se retoman las experiencias de violencia y abuso sexual sufrido por 16 mujeres que no tuvieron la justicia esperada.
“Una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos actos, y prevenir de esta manera la impunidad”, afirma el estudio de Solís.
¿Pero qué pasa en un país donde el 60 por ciento de la población vive con menos de un dólar al día? ¿Donde las instituciones se resguardan en la carencia de presupuesto para justificar su falta de acción?
La respuesta de Solís al respecto es que existe un enorme subregistro de violencia y abuso sexual que continúa de forma silente destruyendo a miles de mujeres.
“El promedio de casos que se reportan al sistema judicial no sobrepasa el 10 por ciento, a esto se le tiene que agregar que las mujeres son las que denuncian los casos de violencia sexual y no existen estudios que demuestren cuál es la situación al respecto, cuánto es el porcentaje de mujeres denunciando y teniendo una respuesta”, afirmó Solís.
La única investigación que da una luz sobre el porcentaje de mujeres que denuncian violencia y abuso sexual y obtienen respuesta, fue elaborado en el año 2005 por la por la investigadora Alma D’Angelo.
Dicha investigación reporta que de acuerdo con los registros de las Comisaría de la Mujer y la Niñez se reportaron 12,150 casos de violencia intrafamiliar y sexual, de ellos 9,030 por delitos de violencia intrafamiliar y 3,120 por delitos sexuales.
En el Informe para la evaluación del cumplimiento de la Convención para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Violencia 2000-2005, INIM-Gobierno de Nicaragua se indica que de acuerdo a la División de Planificación y Estadística de la Corte Suprema de Justicia entre 2003-2005 hubo un total de 1176 acusados de delitos sexuales, fueron sentenciados 1,017, de ellos 512 declarados culpables y 456 inocentes.
Wendy Flores, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), considera que sigue siendo mínima la cantidad de hombres abusadores que son condenados debido a que el sistema judicial es beneficioso con el acusado.
En promedio los casos por abuso sexual tienen una duración de un año, esto si son expeditos, afirma Flores, que no siempre es el caso porque la defensa va ampliando los plazos, el acusado no se presenta entonces se le notifica hasta tres veces, el juez sale tarde de otro juicio y no se presenta, el acusado huye, se emite la orden de captura pero son los familiares de la víctima quienes lo andan buscando.
“Se han dado casos en los que las víctimas agotadas de buscar justicia por más de dos años desisten y los abusadores quedan impunes, porque cada vez que el acusado es notificado la víctima debe estar presente en el juicio y el acusado pudo haber faltado a todas las notificaciones pero si llega aunque sea detenido y la víctima no está presente en el juicio, la defensa solicita clausura anticipada del mismo y no hay sanción para el culpable”, asegura Flores.
Otra de las razones por las cuales no se logran condenas en los casos de abuso sexual es que no existe homogeneidad en los formatos usados por las instituciones en la ruta de acceso a la justicia así como los períodos de tiempo.
“En la Comisaría de la Mujer se le toma la denuncia, pasa a Fiscalía, después la mujer va a Medicina Legal e inicia el proceso, pero ocurre que se va a la Comisaría solo se puede detener al violador o abusador por 10 días, tiempo en el cual raras veces se amplían las investigaciones, el hombre sale libre, el juez manda un plazo para ampliar la investigación y si la misma no está completa el juez determina que no hay mérito y sale libre”, dice Flores.
Los casos de las mujeres son más tardados e implican muchas emociones y frustración, asegura Flores, no es fácil para una mujer romper el silencio de la violencia y abuso sexual expone su intimidad y lo menos que se espera es que el Estado le brinde apoyo.
“En la mayoría de los casos de violencia donde no hay pruebas de violación pero sí de maltrato físico aún cuando se demuestra el daño psicológico las mujeres deben pagar un abogado para demandar por lesiones sin embargo en la notificación enviada por el juzgado hay una línea que le dice al acusado si no puede pagar un abogado el Estado le proporcionará defensa, es irónico y doloroso”, expreso Flores.
El rostro de Fátima Bemilda Hernández Canda es conocido en los medios de comunicación. Ella renunció a su derecho al anonimato para exigir públicamente justicia por una violación. Sin embargo asegura que la lucha sigue porque el próximo 6 de junio se dará una audiencia de apelación y ella se presentará nuevamente a la Corte Suprema de Justicia a pedir que la condena no se modifique.
“Hay muchos obstáculos porque falta conciencia de parte de los operadores de justicia, en la Comisaría o estación policial pierden expedientes, en Medicina Legal se espera mucho tiempo para las evaluaciones, en Fiscalía en vez de apoyar a la víctima se va de lado del agresor sexual y eso es un retroceso, en mi caso el juicio estuvo paralizado cuatro meses después de presentada la acusación, fue casi un año de lucha y si uno es señalado pero se debe seguir”,
Desde la oficina de la Asociación de Mujeres Forjadoras de su Futuro, Hernández manifiesta que de nuevo haría huelga y daría la cara, a pesar del daño que la causa despojarse de su anonimato para buscar justicia.
“Yo recibo ayuda psicológica, me enfrento siempre a obstáculos porque tengo un doble trauma: primero la violación y en segundo lugar tener que luchar para que no lo liberen o le reduzcan la pena y solicitaré cambio de fiscal porque no quiero a Montenegro en la culminación de mi caso, para ser un ejemplo para las mujeres de que sí se lucha se logra justicia, pero no se lleva una vida normal”, afirma.
¿Cambiará el panorama? Algunas voces surgen positivas. La magistrada Alba Luz Ramos señaló que desconoce si hay retardación de justicia en los casos de violencia sexual, pero destacó que la propuesta de Ley contra la violencia hacia la mujer es el camino.
Dicha ley fue criticada porque incluía la violencia mediática y sancionaba con multas a los medios de comunicación que satiricen o expongan a las mujeres, lo que fue considerado negativo porque limitaba el ejercicio de la libertad de expresión.
“Ese artículo fue eliminado. La ley busca agilizar los procesos y tipificar mejor los delitos, definir los tipos de violencia porque ahora no están definidos y eso es básicamente para poder saber de qué estamos hablando, separar la violencia pública y la violencia privada que se caracteriza por agresiones, golpes, violencia sexual y abuso sexual, para enmarcarla con los tratados internacionales en defensa de la mujer y contra la violencia”, asegura la magistrada Ramos.
Se pretende que una vez aprobada la ley y adecuada a la legislación nacional se creen juzgados especializados para los casos de violencia privada y de esta forma se aceleren los procesos que redunden en condenas.
Por lo pronto las estadísticas de la Comisaría de la Mujer continúan creciendo pero ellas no incluyen a personas con discapacidad de acuerdo con el Diagnóstico de Violencia Intrafamiliar y Sexual presentado el pasado martes por la Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori).
El diagnóstico señala que la Comisaría de la Mujer y la Niñez en el año 2009 atendió a 145,277 personas, una de cada cinco fueron por violencia intrafamiliar (31,759 personas, el 21.86%), y 4,013 por delitos sexuales. Pero dichas estadísticas no presentan en sus informes la situación de las personas con discapacidad.
“Ninguna institución está preparada para atender a personas con discapacidad, mucho menos sus denuncias y lo peor ocurre cuando quien abusa es el padre o familiar del que se depende que ocurre en la mayoría de los casos, en los casos de abuso sexual a personas con discapacidad la justicia está ausente”, concluyó David López, presidente de Feconori.
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