Desde el 1 de enero del presente año Dilma Rousseff es la Presidenta de Brasil. Resultó electa en segunda vuelta con el 56 por ciento de los votos. De su trayectoria política nos interesa referirnos a su etapa como guerrillera en la década del sesenta.
A los latinoamericanos podría resultarles inexplicable que en la campaña electoral de 2010 los opositores no atacasen a la candidata Rousseff por su pasado guerrillero con simpatías comunistas. Sin embargo, la razón es muy sencilla: los brasileños saben que esta mujer no empuñó las armas contra un régimen democrático para derrocarlo, sino que lo hizo contra una dictadura que, a través de un golpe militar, había tomado el poder en 1964. Igualmente conocen que por esa incursión en la violencia armada en contra de la dictadura, ella pagó una condena de tres años de cárcel cuando apenas contaba con 23 años de edad.
La senda política de José Mujica guarda parecido con la de Rousseff. Es Presidente de Uruguay desde el 1 de marzo de 2010. Electo en segunda vuelta con el 52 por ciento militó en los sesenta en las filas de la guerrilla tupamara de inspiración comunista. Aunque su participación guerrillera es anterior a la dictadura cívico-militar (1973-1985), su estadía en la cárcel durante trece años hasta el retorno de la democracia en 1985, y su conducta posterior a ese retorno, contribuyeron a que su imagen política fuese vista más como la de un opositor a la dictadura militar que como la de un guerrillero enemigo de la democracia.
Los presidentes Rousseff y Mujica se han actualizado a los nuevos tiempos que han sido marcados por el fracaso y derrumbe del socialismo en la URSS en 1991. Por un lado, sostienen un firme compromiso de gestión de gobierno con la mejoría de la situación social de los sectores más pobres de sus países. Por el otro, han honrado su palabra de que dicha gestión estará apegada a la consolidación del régimen democrático en el cual fueron electos y no impulsan ninguna iniciativa revolucionaria de corte totalitario: no pretenden perpetuarse en el poder hasta su muerte, ni concentrarlo en sus manos, a través de cambios en la Constitución; no dan trato de “enemigo” a la oposición, ni expresan intenciones de “pulverizarla” por “traidora a la patria” y “aliada del imperio”; tampoco pretenden sustituir a la opinión pública por la verdad oficial y mucho menos se plantean sustituir en Brasil y Uruguay el Estado de Derecho por los derechos del Estado.
En cambio, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, encabezó un cruento golpe de estado el 4 de febrero de 1992 contra un régimen democrático. Su objetivo central era derrocar la democracia. Los decretos a implementar, si el golpe hubiese triunfado, confirman que el fin no era otro que instalar una dictadura militar en el país. El “socialismo del siglo XXI” que Chávez mercadea desde 2005 —emulado por Correa, Morales y Ortega— no es más que una consigna que presenta en un envoltorio nuevo al viejo y único socialismo que ha existido en la URSS, la China de Mao, la Camboya de Pol Pot, la Corea de Kim Il Sung y la Cuba de los Castrofósiles; es decir, un régimen totalitario productor de esclavitud y miseria.
El autor es economista venezolano
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