El mundo se enteró del asesinato de Neda, en una calle de Teherán, porque ciudadanos que protestaban junto a ella fotografiaron su cuerpo agonizante con teléfonos celulares y lo mostraron por internet como prueba de la represión brutal que hacía el régimen de Mahmmud Ahmadineyad.
Eso sucedió en Irán hace casi dos años, en junio de 2009, y al día de hoy la batalla entre quienes defienden los derechos humanos y quienes intentan aplastarlos, en cualquier país del mundo, es más intensa y ocupa casi todos los espacios de información y contactos que propicia la tecnología.
Pero hay un detalle importante señalado por Amnistía Internacional en su último informe, que induce a preguntarnos si las empresas privadas de servicios para la comunicación son en realidad leales a sus clientes o se prestan a ciertos abusos de los gobiernos.
La advertencia de Amnistía es clara: “Las empresas que proporcionan acceso a Internet, telefonía móvil y sitios de redes sociales, y las que respaldan a los medios y comunicaciones digitales deben respetar los derechos humanos. No deben convertirse en marionetas o cómplices de gobiernos represivos que desean sofocar la libertad de expresión y espiar a su pueblo”.
Regímenes como el de Ahmadineyad interfieren de manera abierta en las comunicaciones, bloquean las señales de emisoras de radio y televisión e impiden la labor periodística. A ningún corresponsal le permitieron cubrir la manifestación del pueblo iraní en que participaba Neda Salehi Agha, estudiante de 26 años alcanzada por las balas de la dictadura, pero los ciudadanos ayudaron a divulgar lo que allí pasó.
En otros países, como Venezuela, los gobernantes han combinado represión violenta con mecanismos sutiles para intimidar a ciudadanos y obligar a la prensa a que se autocensure; abren procesos judiciales contra periodistas o disidentes por criticar al gobierno, o recurren a tecnicismos para cerrar canales de televisión y radioemisoras.
El presidente venezolano Hugo Chávez consiguió reformar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión a finales de 2010, con la intención de obstaculizar la libre difusión de ideas y opiniones en internet.
En Ecuador, Rafael Correa también se ha empeñado en regular algunos contenidos de la prensa y hasta convocó a un referendo para que los ecuatorianos dijeran si apoyaban o no su intención, lo que derivó una votación reñida en ese sentido.
Daniel Ortega, en Nicaragua, va por el mismo camino y en cuatro años ha logrado controlar la información en la mayoría de emisoras de televisión y radio, con una política de premio y castigo, financiando a quienes se someten y amenazando a quienes reclaman independencia.
Defender los derechos humanos en esas circunstancias se ha vuelto más peligroso porque “las fuerzas de represión están contratacando con crudeza”, afirma el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty.
Y será mucho más peligroso si algunos empresarios privados, buscando tranquilidad para sus inversiones, se dejan usar por gobernantes autoritarios para espiar a la gente y controlar el acceso a la información.
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