Tomado de La Nación
«La justicia se puede comprar y vender en Nicaragua y los involucrados son intocables mientras disfruten de la protección política de Daniel Ortega o del líder del partido rival Arnoldo Alemán».
Esta afirmación la efectuó, en abril del 2008, el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua Paul Trivelli y es parte de comunicaciones oficiales en las que el diplomático detalló a su gobierno graves casos de corrupción en el sistema judicial nicaragüense.
En tres cables confidenciales, escritos entre marzo del 2006 y abril del 2008, el embajador relató el supuesto pago de sobornos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para liberar a dos narcotraficantes detenidos en el 2004.
El diplomático detalló también una cita con el entonces magistrado, Guillermo Vargas Sandino, a quien califica como «el único magistrado independiente y apolítico de la Corte».
Según Trivelli, Vargas le reveló que en la CSJ se recibían «pagos ilegales» por fallos judiciales favorables y le puntualizó la estrategia de dilación que los magistrados de la Corte aplicaron para que el expresidente Arnoldo Alemán eludiera la Justicia panameña en una causa por lavado de dinero.
Trivelli asegura que Vargas Sandino le expresó su «disgusto» con la existencia de un sistema de cuotas partidarias para nombrar como magistrados y jueces a personas leales al FSLN y al PLC.
«Las conexiones políticas y la abyecta obediencia del partido, sin importar la legalidad, continúan imponiéndose a los atestados académicos y a la experiencia en derecho», afirmó Trivelli.
LOS NARCODÓLARES
Uno de los señalamientos más graves aparece en dos cables del 2008 en los que Trivelli vinculó a los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, Tomás Cortez Mendoza, Rafael Solís, Róger Camilo Arguello, Yadira Centeno González, Édgar Navas Navas y José Manuel Martínez Sevilla con la recepción de sobornos para liberar a dos narcotraficantes y desaparecer US$609.000. En esos hechos, Trivelli también involucró al secretario general del FSLN, Lenín Cerna, y al diputado del FSLN Bayardo Arce.
Consultados, los señalados por el embajador alegaron ser inocentes y atribuyeron al diplomático querer desprestigiarlos.
El expresidente de la CSJ Manuel Martínez Sevilla alegó que no tuvo responsabilidad en la desaparición del dinero, «Yo solo firmo cheques y papeles. Sobre los US$609.000 se robaron los reales, eso no es responsabilidad mía».
La magistrada Yadira Centeno González indicó: «Yo nunca he firmado ninguna sentencia de ese caso. Me extraña que me mencionen. Nunca en este país he sido acusada de un acto de corrupción».
Édgar Navas alegó, «en el caso de los US$609.000 son otras personas las que tuvieron que ver. Yo no he tenido en eso intervención de ninguna naturaleza». Tomás Cortez calificó los señalamientos como «totalmente infundados».
LA RUTA DEL DINERO
El dinero mencionado por el embajador estaba depositado en una cuenta de la Corte y provenía del decomiso efectuado a los colombianos Jorge Eliécer Hernández y Leyla Bucardo Chaves quienes fueron detenidos por los delitos de fraude con documentos y tráfico de drogas. Trivelli citó como fuentes al magistrado Vargas Sandino y a «fuentes confidenciales de la embajada que estuvieron involucrados de principio a fin» en la liberación de los traficantes.
Según esas dos fuentes, el secretario general del FSLN, Lenín Cerna, era el encargado de coordinar a los jueces y de canalizar el dinero de los sobornos hacia su partido.
Sobre el caso de los traficantes liberados –relató Trivelli–, «Cerna orquestó el plan para liberar a los colombianos y su dinero a cambio de grandes pagos al FSLN, al PLC (Partido Liberal Conservador) y a los jueces y abogados involucrados. El plan se llevó a cabo con la aprobación personal de líder del FSLN, Daniel Ortega».
Según el embajador, tras una serie de escaramuzas judiciales, el caso llegó a la Corte Suprema donde el magistrado Róger Arguello habría redactado una sentencia que liberó a los traficantes y que habría falsificado la firma de otros magistrados para respaldar su fallo.
Con esa sentencia, Leyla Bucardo salió de la prisión, pero Jorge Eliécer Hernández continuó en la cárcel por otros cargos.
«Al mismo tiempo, en calidad de presidente de la CSJ, Manuel Martínez firmó un cheque de la cuenta que él controlaba en la Corte, por la suma de US$609.000 pagaderos a los abogados de los colombianos y ordenó que el dinero se liberara a cuenta de la CSJ en el tesoro público de Nicaragua», relata Trivelli.
El entonces director de la Tesorería, Henry Areas, se mostró renuente a liberar los fondos, afirmó Trivelli, por lo que Martínez y Arguello tuvieron que intervenir para que el funcionario aceptara hacer efectivo el cheque a los abogados de los colombianos.
«A petición de Arguello y Martínez –asegura Trivelli– el juez Morales fue personalmente al banco con los abogados de la defensa. Las cámaras de seguridad del banco filmaron a Morales en compañía de los abogados cuando tomaron posesión del dinero».
El embajador citó que una fuente confidencial de la Embajada les reveló que de ese dinero, US$306.000 se entregaron al FSLN a través del diputado Arce y cantidades más pequeñas se pagaron a varios jueces, incluidos Róger Arguello, Rafael Solís y Édgar Navas. «La fuente afirmó que los magistrados Martínez y Centeno recibieron las cantidades mayores US$100.000 cada uno», aseguró Paul Trivelli.
