Ayer se cumplía el período según el calendario original que impusieron los magistrados electorales de facto para que los partidos políticos presentaran su lista de candidatos a diputados, pero de pronto, el pasado martes, los magistrados de facto decidieron ampliar el período y ahora la “agonía” de distribución de nombres en la lista de los partidos se prolongó dos semanas más.
El proceso es “agónico” porque este es el período en el que los políticos casi literalmente se agarran de las mechas y se tiran los trastos a la cabeza porque la diferencia entre ir segundo o sexto en una lista de diputados es la diferencia entre cinco años de buen salario y poco trabajo o simplemente hacer el ridículo y —horror de horrores para la mayoría de los políticos— tener que enfrentar la dureza de la calle para ganarse la vida.
La ampliación del período solo prolonga la tensión y las disputas entre los partidos. La idea de los magistrados es que los políticos de oposición hagan mayores escándalos por la curul y decepcionen a más votantes y así menos personas asistan a las urnas el seis de noviembre.
Pero aparte de la kafkiana necesidad de participar en un proceso electoral organizado por personas disfrazadas de magistrados y del ridículo que hacen muchos políticos en esta época, que anochecen en un partido y amanecen en otro a cambio de la ansiada curul, hay un punto que a mí me parece de gran importancia. ¿Deberían optar a la reelección los diputados? Mucho se habla en estos días de la necesidad de “caras nuevas”, pero generalizar esa necesidad es peligroso, sobre todo en un sistema político inmaduro como el nuestro.
Antes de seguir quiero aclarar que el sistema que tenemos para elegir diputados (votación por plancha que nos obliga a darle el voto a gente que ni siquiera conocemos) es uno de los pilares del desastre institucional que vivimos, pero ese es el sistema que hay. Ojalá más temprano que tarde cambiemos ese sistema por la elección por distrito en la que un diputado tiene que dar la cara a sus electores y ganarse cada voto.
En realidad ese sistema no es tan complicado. Toma dividir el país en distritos electorales de, digamos, 100 mil personas cada uno. La Asamblea se reduciría a 60 diputados y cada uno saldría de un distrito determinado al que debe responderle por sus actos, al que debe representar y al que debe cumplir sus promesas si quiere ser reelecto.
Pero mientras no lo cambiemos tendremos que elegir a ciegas y si esa es la situación, ¿por qué los diputados que se han resistido a los halagos y las presiones de este gobierno, los que han mantenido su palabra de defender la democracia —a veces torpemente es cierto, pero que se han mantenido firmes—, no pueden optar a la reelección?
¿Por qué por sostener una “coherencia” mal entendida debemos oponernos a la reelección de diputados solo porque nos oponemos a la reelección del presidente?
Las diferencias son abismales y cito dos: La reelección presidencial no es permitida por la Constitución y no se permite, entre otras cosas, porque el candidato-presidente hace uso de los fondos públicos y su poder para sacarle ventaja a sus oponentes tal y como lo hace en estos día el compañero comandante pueblo presidente Daniel. Los diputados, en cambio, pueden reelegirse según la ley y no manejan presupuesto suficiente para influenciar el voto a su favor.
Además, yo me sentiría más seguro dándole el voto a un diputado que sé que se ha mantenido firme durante cinco años que dándoselo a una “cara nueva” que no sé con qué plato de baba me va a salir.
La democracia es un proceso de maduración. Si ya identificamos buenos funcionarios, pues que continúen, mientras, eso sí, el proceso de maduración de los partidos y las instituciones continúa (o en algunos casos mientras arranca). Las “caras nuevas” irán surgiendo así como surgieron los diputados buenos actuales, que los hay y no hay razón para desecharlos.
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