Es decepcionante ver cada día cómo proliferan los actos de corrupción dentro del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra. Y cómo daña esto al verdadero desarrollo socioeconómico del país. Precisamente por este enriquecimiento ilícito es que el orteguismo quiere continuar en el poder en detrimento de la población a quien solo le da migajas para apaciguar sus ánimos.
Pero el ejemplo de la corrupción la da el propio mandatario, pues el hecho mismo de ir a unas elecciones contraviniendo la Constitución Política de Nicaragua y copando todas las instituciones del Estado con sus allegados para avasallar a quienes no son de su partido, son actos de corrupción necesariamente condenables.
Ortega también alimenta la corrupción cuando violenta las demás leyes nacionales en perjuicio de los derechos fundamentales de los nicaragüenses.
La impresión que deja la investigación contra quienes incurrieron en actos de corrupción en la Dirección General de Ingresos (DGI), dirigida en su momento por Walter Porras, uno de los adláteres de Ortega, es que el ilegal e inconstitucional candidato presidencial del FSLN quiere “lavar la cara” de su gobierno y hacerlo ver frente a sus electores como honesto.
Sin embargo, hay casos de abierta violación a las leyes nacionales en los que Ortega jamás ha respetado ni ha mandado a sus seguidores a respetar las mismas, sino por el contrario, las ha transgredido al enviar a sus turbas delincuenciales para agredir a representantes de diversos sectores sociales.
Asimismo, se ha obstaculizado investigaciones de denuncias de corrupción en la Alcaldía de Managua y otras instancias del gobierno. Ortega, por ejemplo, no ha mandado a investigar situaciones que se han presentado con los patrimonios tanto de la Policía como del Ejército de Nicaragua. Y tarde o temprano la situación de esas instituciones será imposible de ocultar.
Respecto a la DGI, ayer de forma explícita el asesor presidencial para asuntos económicos Bayardo Arce Castaño, admitió que existe una investigación ordenada por Ortega, debido a que hay una sospecha de que hubo una defraudación millonaria. Ojalá que ahí no quede nadie sin castigar, incluyendo a los que supuestamente conocían del festín y habían autorizado dicha corrupción.
Arce reconoció que por ese motivo el mandatario ordenó la destitución de Porras, así como cambiar todos los cuadros en la DGI. Señaló además que la investigación continuará y no descarta que de acuerdo a los resultados, que apuntan a malos manejos en la DGI, el Gobierno realice todos los procesos legales contra quienes resulten implicados.
No es este tipo de ejemplos, encabezados por los actos del propio presidente de la República, los que queremos para las futuras generaciones que estudian para mejorar nuestra nación. Queremos personas honestas, honradas, respetuosas de la propiedad pública y privada, de los derechos fundamentales de los nicaragüenses y sobre todo, que no violen la Constitución Política de Nicaragua ni atropellen la institucionalidad ni los principios democráticos, valiosos para construir una mejor nación. De momento, el orteguismo no está en capacidad de brindar estos aspectos a la naciente generación de nicaragüenses que observa cómo se dirige el país al amparo de la corrupción y el atropellos a la dignidad humana. Por eso es que no hay que votar por el candidato ilegal sino por quienes profesan los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales.
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