La Haya/EFE
Costa Rica y Honduras escucharán mañana de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si pueden intervenir y de qué manera en el conflicto fronterizo que Nicaragua mantiene con Colombia ante esa Corte de la ONU.
Honduras ha sido el primer país que pide intervenir en una disputa como Estado Parte, pero durante las audiencias orales especificó a los jueces que de no concederles esta forma de participación, no les importaría hacerlo de manera indirecta, como ha solicitado Costa Rica.
Tegucigalpa basa su solicitud para intervenir en que la delimitación de una línea fronteriza entre Nicaragua y Colombia podría afectar a sus intereses legales «al Norte del paralelo 15 y al Este del meridiano 82» en el mar Caribe.
Costa Rica solicitó poder participar de forma independiente y emitir «una declaración» en la que explique a los jueces los intereses de San José que considera pueden ser afectados en las reclamaciones de Colombia y Nicaragua.
Costa Rica teme que haya una superposición de intereses en la frontera sur de la línea divisoria propuesta por los países en conflicto, ya que afectaría a las 200 millas náuticas sobre las que tiene jurisdicción.
Los jueces deberán aclarar si los intereses territoriales de Costa Rica y Honduras podrían verse afectados en un futuro fallo de la Corte, que también podría rechazar la solicitud de los dos países por considerar que sus decisiones siempre tienen en cuenta a terceros.
Los jueces leerán la decisión sobre la solicitud de Costa Rica a las 13.00 GMT, y una hora y media más tarde, a las 14.30 GMT, pronunciarán la referida a la petición de Honduras.
Nicaragua se opone a la intervención de los dos países, mientras que Colombia las apoya.
Managua denunció en 2001 a Bogotá, a la que reclama unos 50.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe, área que incluye el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y sobre la cual Colombia ejerce la soberanía en virtud de un tratado de 1928.
En 2007 y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la lucha por la jurisdicción de esas islas.
