CORRESPONSAL / RIVAS
Las arcas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se vieron ensanchadas en el mes de abril, gracias a las decisiones de dos jueces rivenses que en conjunto mandaron a depositar 2,777,280 dólares a una cuenta que este poder del Estado posee en un banco nacional.
Ese dinero es resultado de dos quiebres recientes al narcotráfico que ha hecho la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.
El primer golpe dado por la Policía fue el 29 de noviembre de 2010, cuando encontró siete paquetes rectangulares que contenían 519,940 dólares. El dinero se halló en el interior del tanque de combustible de una camioneta.
El segundo quiebre millonario ocurrió el último día de marzo. En el techo de la cabina de un cabezal de placa guatemalteca, cerca de donde van los parlantes del radio se hallaron 33 paquetes que sumaron 2,197,340 dólares.
En el primer caso del medio millón de dólares, la Policía detuvo a dos salvadoreños. En la audiencia inicial del caso el conductor de la camioneta, Denis Antonio Salguero Flores, de 19 años, admitió los hechos y se declaró culpable del delito de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua. El juez lo condenó a siete años.
Por el segundo quiebre detuvieron y juzgaron al guatemalteco Oscar Rafael González García. También fue condenado a siete años de prisión.
En ambos casos, los jueces que llevaron las causas mandaron a depositar el dinero a la cuenta de la CSJ.
La semana pasada, el Ministerio Público apeló los dos juicios. En el primer caso, la institución considera que se violaron los derechos del procesado.
En el documento introducido ante el Tribunal de Apelaciones de Granada, el Ministerio Público recuerda que la CSJ “figura como sujeto procesal y no como administrador y representante de los bienes del Estado”, detalla la apelación.
DINERO PARA UNIDAD
En los diversos argumentos esgrimidos por el Ministerio Público en su apelación de estos dos casos, aduce que las piezas de convicción deben de permanecer en manos y custodia de la Policía Nacional hasta antes del juicio oral y público, mientras que el artículo 48 de la ley 735 dice “que deben entregarse en depósito los bienes en efectivo a la Unidad Administradora de Bienes Incautados, decomisados o abandonados”.
La unidad estará adscrita al Ministerio de Hacienda, todavía no existe, sin embargo es esa institución la que debería administrar los fondos incautados.
Le corresponderá al Tribunal de Apelaciones de Granada (dependencia de la misma CSJ) decidir si el Ministerio Público tiene razón en sus argumentos.
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