PHOENIX, EE. UU./AFP
Un tribunal de apelaciones estadounidense confirmó ayer la suspensión de las disposiciones más controvertidas de la polémica ley migratoria del estado de Arizona (suroeste del país).
Poco antes de su entrada en vigor el pasado mes de julio, un juez federal suspendió, a petición del presidente Barack Obama, los artículos más controvertidos de la ley de inmigración de este estado fronterizo con México.
Uno de ellos autorizaba a la policía local a detener e interrogar sobre su situación migratoria a una persona solo por ser sospechosa de carecer de documentos.
El estado de Arizona apeló inmediatamente esa decisión, pero un tribunal de apelaciones de San Francisco confirmó ayer la suspensión de los puntos polémicos de ley, en una decisión tomada entre tres jueces.
“Creemos que (el juez federal) no abusó de su poder al suspender varias disposiciones” de la ley, escriben los jueces en su decisión. “En consecuencia, confirmamos el primer mandato de la corte ordenando la suspensión de esas disposiciones”, agregan.
La ley, impulsada por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, provocó un polémico debate en Estados Unidos y fue fustigada por varios mandatarios de América Latina al considerarla discriminatoria y que violaba principios básicos de la carta de los derechos humanos.
Varios estados del país que habían considerado tomar medidas similares frente a la inmigración indocumentada dieron marcha atrás con su idea. Solamente Utah (oeste) aprobó recientemente una ley que promete establecer controles especiales pero se mantiene más abierta y menos represiva que aquella de Arizona.
Incluso antes de que la polémica ley implicara a la justicia federal, en julio de 2010, Brewer se vio obligada a redactar una nueva versión de algunas partes del texto.
En respuesta al propio gobierno del presidente Barack Obama, Brewer decidió en febrero presentar una demanda contra el estado Federal, acusándolo de no proteger a Arizona contra la llegada masiva de inmigrantes sin documentos.
La demanda reprocha también al estado federal de no haber logrado frenar la criminalidad en este estado fronterizo, según Brewer, que además pide reparaciones financieras.
Un tercio de los 6.6 millones de habitantes de Arizona no nacieron en Estados Unidos y unos 460,000, según varias estimaciones, estarían en situación irregular.
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