Si alguien creyó que comparar a Daniel Ortega con el dictador Anastasio Somoza Debayle es solo un ardid de la propaganda de la oposición nicaragüense, puede constatar lo contrario con solo ver lo sucedido en la ciudad de León y lo dicho por Ortega allí hace cinco días.
Ese Somoza, el último de una dinastía que empezó en los años 30, fue derrocado en 1979 por una insurrección del pueblo nicaragüense que facilitó a Ortega y al Frente Sandinista (FSLN) tomar el poder absoluto.
Treinta y dos años después, Ortega recurre a la excusa de que si a los Somoza se les dejó mandar durante cuatro décadas, por qué le critican a él su ambición de quedarse cinco años más.
Para reforzar su coartada, Ortega va más atrás en la historia y señala que los conservadores también gobernaron largo tiempo este país.
“Estuvieron gobernando 30 años, y no quieren que nosotros gobernemos cinco años más… Imagínense. Y ellos (los conservadores) gobernaron 30 años. Los Liberales, ya ni digamos las veces que han gobernado y con Somoza se llevaron 45 años, y no quieren que nosotros gobernemos cinco años más. Imagínense. ¡Qué clase de demócratas!”, se quejó.
De hecho, Ortega está pidiendo que los demócratas avalen a los gobernantes que pretendan quedarse en el poder más allá de lo establecido por la ley.
Mientras la democracia verdadera pone límites a quienes gobiernan, para evitar los abusos, Ortega reclama lo contrario y, molesto, recurre a un artificio muy desprestigiado: Si aquel lo hizo, ¿por qué yo no? Si se lo permitieron a Somoza, ¿por qué a mí no?
Con ese pretexto, el caudillo del FSLN está proponiendo que el país vuelva al pasado y se quede allí, en los esquemas de las dictaduras, todo por su beneficio personal. Y es obvio que Ortega carece de argumentos legales, porque actúa contra la ley al buscar un tercer mandato que la Constitución le prohíbe.
En 1979, los líderes del FSLN, con Ortega a la cabeza, proclamaban su revolución como el fin de las dictaduras, pero su propio régimen derivó en una dictadura, frenada hasta en 1990 al realizarse en Nicaragua las primeras elecciones libres con supervisión internacional, después de diez años de guerra civil sangrienta.
Comenzó entonces el proceso de democratización del país y hubo que precisar en la Constitución que ningún presidente sería reelecto de forma continua ni después de ejercer por dos períodos.
Si en Nicaragua se respetara la Constitución, Ortega ya no podría ser reelecto porque su segundo período de gobierno culmina el 10 de enero próximo. Sin embargo, ya es candidato presidencial para las elecciones de noviembre, amparado por los poderes del Estado controlados por su partido.
¿Y la democracia, por la que hubo tanta guerra y muertes? A Ortega le conviene más invocar lo peor del pasado, de cuando ningún gobernante respetó la Constitución ni los derechos de los ciudadanos.
Un joven fue golpeado por escoltas del jefe de organización del FSLN, Lenín Cerna, solo por protestar contra la candidatura ilegal de Ortega, en León, horas antes de que este llegara a esa ciudad el miércoles 6 de abril.
Algunos policías, testigos de cómo el ciudadano era vapuleado, ni hablaron ni se movieron, confirmando con su actitud que el partido de Ortega se ha impuesto sobre la institución policial y está decidido a reprimir toda oposición, igual que en la era somocista.
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