Tegucigalpa/ACAN-EFE
La huelga de los gremios magisteriales de Honduras contra una ley de descentralización y por otras demandas entró hoy en su tercera semana con nuevos actos de protesta en Tegucigalpa y otras zonas del país, a pesar de que fue declarada ilegal por el Gobierno.
El subdirector de la Policía Nacional, René Maradiaga, dijo a periodistas que grupos de manifestantes bloquearon al menos tres bulevares de Tegucigalpa, de donde, aseguró, serán desalojados si persisten en su acción.
Al menos dos carreteras, en el occidente y norte del país, también han sido cortadas, según medios locales.
La jornada de protestas fue convocada en apoyo a los profesores por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), integrado por seguidores del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
En las manifestaciones participan docentes, miembros del FNRP, estudiantes y sindicalistas de instituciones públicas, entre otros.
Los profesores, que declararon la huelga indefinida el pasado día 9, llevaron a cabo sendas marchas el lunes y ayer en Tegucigalpa, en las que fue evidente la escasa participación.
LOBO REITERA ADVERTENCIA
El Gobierno de Porfirio Lobo reiteró hoy, en un comunicado, que serán suspendidos los docentes que no se reintegren a sus clases en esta semana y serán despedidos aquellos que no lo hagan a partir del próximo martes.
Las actividades se han normalizado en el «90 por ciento» de los centros educativos del país tras la declaración de ilegalidad de la huelga el fin de semana, aseguró a periodistas el ministro de Educación, Alejandro Ventura.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, y los dirigentes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) se reunieron al filo de la medianoche, tiempo local, en busca de abrir un diálogo sobre la ley de descentralización educativa, lo que fracasó.
Hernández y dirigentes magisteriales explicaron a periodistas que éstos últimos condicionaron el diálogo a la liberación de una veintena de maestros detenidos la semana pasada, acusados ante la justicia de protagonizar actos vandálicos en una manifestación, pero el jefe del Congreso les respondió que eso no es de su competencia.
La FOMH rechaza la ley por considerar que supone la privatización o municipalización del sistema educativo, lo que el Gobierno niega pues, sostiene, sólo conlleva el traspaso de ciertos programas y proyectos a las alcaldías y una mayor participación de los padres de familia en la educación de sus hijos.
La ley sólo ha sido aprobada en el primero de los tres debates parlamentarios, mientras el Congreso la mantiene en consultas con diversos sectores.
Los profesores también exigen al Gobierno el saneamiento de su fondo de pensiones, aunque rechazan una comisión interventora nombrada por Lobo y que ya asumió el control de la institución.
Otra demanda magisterial es que se restablezca el alza automática de sus sueldos en el mismo porcentaje del aumento anual del salario mínimo, suspendida en 2010 como parte del programa fiscal del Gobierno.
Los maestros hondureños gozan desde hace unos 10 años de un estatuto especial que establece su régimen salarial y profesional, pero no ha evitado la conflictividad en el sector educativo en los últimos gobiernos.
