MANAMA/AFP
Las fuerzas bahreiníes dispararon ayer contra un grupo de chiitas que ignoraron la prohibición de manifestar mientras seis líderes del ala radical de la oposición fueron detenidos, un día después de la sangrienta represión de las protestas en Manama.
Naciones Unidas denunció ayer el asalto, por la policía de Bahréin, de hospitales y centros médicos, en “violación flagrante” de la legislación internacional. La situación era tensa en Manama y en las localidades chiitas de los alrededores de la capital. La circulación estaba perturbada por un despliegue masivo de fuerzas del orden.
Un centenar de personas trató de manifestar en el poblado de Deih, al oeste de Manama, pero la policía disparó con escopetas y lanzó granadas lacrimógenas contra los manifestantes.
La oposición bahreiní prometió anoche continuar sus manifestaciones “pacíficas” por la democracia, afirmando que no dejará que las fuerzas armadas asfixien el movimiento de protesta lanzado a mediados de febrero.
Varios centenares de chiitas se manifestaron ayer, por segundo día consecutivo, en el este de Arabia Saudita para protestar contra la represión de sus correligionarios en Bahréin, según testigos.
El miércoles, las autoridades habían anunciado que las reuniones, marchas y sentadas estaban prohibidas en todo el país, un día después que las fuerzas de seguridad arremetieron contra los manifestantes chiitas que efectuaban una sentada en la Plaza de la Perla en Manama, en la que murieron cinco personas.
Ayer, bancos y numerosos comercios permanecieron cerrados en Manama, así como las escuelas, hasta nueva orden, en tanto, las tropas estaban apostadas en el distrito financiero donde se sitúan las oficinas de la mayoría de la compañías internacionales.
Las personas detenidas son cinco figuras radicales chiitas, entre ellos Hassan Mashaima, algunas de las cuales instaron a derrocar la monarquía, y un opositor de izquierda sunita. Los seis opositores estaban “en contacto con Estados extranjeros” e instaron “a la caída del régimen“, según un comunicado oficial que indicó que se tomarían “medidas judiciales” en su contra.
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