CORRESPONSAL/MATAGALPA
Mario Montenegro tiene una finca ganadera en el sector conocido como Kiwaska, 25 kilómetros al noreste del poblado de Rancho Grande, cabecera del municipio homónimo en el departamento de Matagalpa.
Aunque el productor considera que “en el campo hay más seguridad que en el pueblo”, posee tres armas de fuego: una escopeta calibre 12 que la usan sus trabajadores para cuidar la propiedad, un rifle calibre 22 para cacería y un revólver calibre 22 “para defensa personal”, cuyas licencias de portación se vencieron hace poco.
A diferencia de Montenegro, Pedro Zeledón, dueño de una finca en la comunidad Guadalupe del municipio de San Ramón, dice que “la situación en el campo está bien fea” y en esa zona todavía hay quienes se dedican al abigeato, por lo que considera necesario contar con un arma de fuego. En su caso posee un rifle calibre 22.
Zeledón reconoce que la licencia de portación de su arma, cuya vigencia legal es de cinco años, venció hace tres meses.
- A través del plan impacto, la Policía de Matagalpa está en proceso de renovación de al menos seis mil 469 armas de fuego cuyas licencias de portación ya vencieron en los 15 municipios que atiende esa delegación departamental.
Para el productor Mario Montenegro, la medida no es mala, pero sería bueno que la Policía facilite los trámites.
El productor Pedro Javier Zeledón, quien dice que para renovar la licencia de portación de un rifle calibre 22 tengo cuatro días de andar dando las vueltas para cumplir los requisitos y es caro, ahorita ando redondeando los dos mil 200 córdobas en gastos.
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Entre 11 mil y 12 mil civiles, igual que Montenegro y Zeledón, poseen más de 15 mil armas de fuego en los 15 municipios del departamento, según registros de la delegación departamental de la Policía en Matagalpa, que incluyen también a Waslala, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Paiwas, en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).
VENCIMIENTO ES DELITO
A la fecha, seis mil 469 licencias de portación de armas ya vencieron en el territorio y los dueños “han entrado a contravenir la Ley 510 (Ley especial para el control y regulación de armas de fuego, municiones, explosivos, y otros materiales relacionados) y por lo tanto están cayendo en delito”, afirmó el jefe departamental de la Policía, comisionado mayor José Ramón Calderón Mena.
El jefe policial reconoce que en el territorio aún existe una cantidad indeterminada de armas de fuego sin registrar ante la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones de la Policía en Matagalpa, incluyendo armas de guerra como fusiles AK, cuyo uso es permitido solo al Ejército, la Policía y el Sistema Penitenciario Nacional.
Ante los riesgos que implica la portación ilegal de armas, desde la última semana de febrero la Policía está ejecutando un plan de verificación y ocupación de las mismas, enviando destacamentos de hasta 40 policías a diferentes municipios.
Con el plan denominado “impacto”, la Policía ha ocupado 71 armas de distintos tipos y calibres, destacando 23 revólveres, 20 escopetas e igual cantidad de fusiles.
Según Calderón, “nueve de esas armas estaban sin documentos y hay detenidos por eso”.
FALSAS DIRECCIONES
Sin precisar más cifras porque el plan todavía está en ejecución, el mando policial señaló que entre quienes registraron armas muchos dieron direcciones incorrectas o falsas y “viven en otros lugares”.
“En otros casos, hay poseedores de armas que las han vendido violentando la Ley, porque no han reportado a quién se la vendieron”, comentó el jefe policial.
De acuerdo con la Ley 510, la pérdida, destrucción, enajenación, robo o sustracción de las armas de fuego y sus municiones, debe ser reportada ante la Policía en un plazo no mayor de 72 horas.
“Estamos preocupados porque ¿cuántas de esas armas podrán ser utilizadas por los delincuentes para cometer robos con intimidación, homicidios u asesinatos, enmascarados que vendieron el arma y no está legal?”, preguntó Calderón.
Ver en la versión impresa las páginas: 14 A
