Un ciudadano nicaragüense, que hace 21 años era un joven recluta del Servicio Militar Obligatorio, me relató hace días cómo se ganó el odio del oficial político de la base del Ejército en que se hallaba el 25 de febrero de 1990.
Los reclutas, alineados al amanecer de ese día, escucharon la orden del político del batallón: “Van a ir a votar y yo voy a entrar con cada uno, para ver cómo van a votar, para estar seguro de que lo hacen bien”.
Era un día decisivo para Nicaragua tras 10 años de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El empobrecimiento de la gente y los estragos de la guerra civil estaban a la vista y las expectativas de cambiar eso se centraban en las primeras elecciones presidenciales observadas por misiones internacionales.
“A mí me llevaron a la fuerza al Servicio Militar, yo no quería ir porque toda mi familia era opuesta al gobierno; mi mamá sufría mucho, pensaba que nunca volvería vivo”, cuenta José, quien ahora encuentra razones para remover esa etapa triste de su vida. “Ese día, los del Servicio íbamos a votar temprano y la orden era que votáramos por Ortega; era una orden”.
Ya en la Junta Receptora de Votos, el recluta se armó de valor y protestó cuando el oficial político le seguía para ver en qué casilla de la boleta electoral marcaría. Discutieron y José pidió al presidente de la Junta que confirmara si el voto era secreto y este asintió.
Para entonces el recluta ya tenía garantizado el castigo y lo recibiría tan pronto regresara a la base, pero días después nadie pudo impedir su deserción, como la de cientos de jóvenes que habían ido a la guerra obligados y escapaban de los cuarteles al confirmar que Daniel Ortega y el FSLN, derrotados, entregarían el poder.
Dos décadas después, José tiene la percepción de que ese pasado, en que los ciudadanos eran ultrajados o intimidados por el partido en el poder, ha vuelto y trata de afianzarse.
Ya no hay servicio militar y los jóvenes, por tanto, hasta hoy están a salvo de ser recluidos por la fuerza en los cuarteles. Sin embargo, son humillados de otra forma cuando buscan empleo en instituciones públicas o reclaman derechos al Estado.
Entre tantos abusos que ocurren ahora, cuando el mismo Daniel Ortega está por segunda vez en el gobierno y trata de quedarse un período más de forma ilegal, me impresiona el caso de una profesional de 30 años, bien entrenada, que hace poco ganó el concurso para ocupar un cargo en un proyecto de una entidad estatal financiado por organismos internacionales.
Pasó una rigurosa selección, superando a otros profesionales, pero cuando ya se aprestaba a tomar el puesto, le dijeron que entre el legajo de documentos que había llevado faltaba uno importante, la constancia del Consejo del Poder Ciudadano (CPC) del sector donde vive, para confirmar su vínculo y lealtad con el FSLN, el partido gobernante.
Este resultó ser un documento más importante que sus títulos y experiencias profesionales, porque al final le impidió tomar el empleo. Ella nunca ha tenido militancias políticas y siempre pensó que su futuro y el de su familia dependía más de la entrega al estudio y al trabajo.
Lo que nunca imaginó es que el pasado, como expresión de atraso y brutalidad, volvería y gobernaría.
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