En el reglamento de la Ley contra el Crimen Organizado el Ejecutivo pasa por alto las disposiciones de la Asamblea Nacional al no crear el Ministerio de Hacienda la Unidad para la administración de los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado.
Más bien determina el Ejecutivo en el reglamento la inclusión de la Procuraduría General de la República (PGR) entre las instituciones a las que le deben distribuir “los automotores terrestres de menos de tres mil centímetros cúbicos, así como el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta”, cuando esa institución intervenga en los procesos penales.
- El diputado liberal José Pallais confirmó que remitió una comunicación al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, a través de la cual le hace un llamado a éste “que la Asamblea Nacional tome una posición” en cuanto a la publicación del reglamento de la Ley 735.
En el artículo 2 del reglamento señala que el Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas “podrá aprobar y destinar de los fondos que pueda recibir para las instituciones públicas” que trabajan en prevención y lucha contra el crimen organizado.
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A su vez, el reglamento establece que los bienes inmuebles que no se utilicen como habitación de la familia del procesado por este tipo de delito o estén desocupados serán “dados” en depósito a la PGR, en su calidad de representante legal del Estado “para su debida preservación y eventual decomiso por resolución judicial”.
“Todos los bienes inmuebles incautados que hayan sido producto, instrumento o medios para la comisión de los ilícitos penales de que trata la ley, atendiendo la función en interés social de la propiedad que le corresponde tutelar y garantizar al Estado, serán decomisados a favor del Estado de Nicaragua, a través de la Procuraduría General de la República, para programas sociales que determine”, señala el artículo 41 del reglamento.
Igualmente en parte del artículo 44, del mismo reglamento, aclara que “no procederá la venta o subasta pública de bienes inmuebles decomisados por la autoridad competente, los cuales serán adjudicados a favor del Estado de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República”.
DESCONOCEN AL LEGISLATIVO, SE QUEJA PALLAIS
El diputado liberal José Bernard Pallais criticó que el Ejecutivo a través del reglamento de la Ley 735 pretenda desconocer disposiciones del Legislativo, al no crear la unidad distribuidores de bienes e incorporar a la PGR.
En el reglamento a la Ley de Crimen Organizado el Ejecutivo pasa por alto las disposiciones de la Asamblea Nacional al no crear el Ministerio de Hacienda la unidad. En el artículo 43 del reglamento únicamente se menciona que las sumas recaudadas por la Tesorería General de la República serán distribuidas por ese Ministerio. Pero no profundiza en la creación de la unidad.
El 8 de febrero pasado, en una publicación de LA PRENSA el mismo Pallais confirmó que envió una carta al ministro de Hacienda, Alberto Guevara, recordándole lo establecido en la ley.
LA PRENSA también consultó al respecto a la oficina de comunicaciones de esa institución, sin que a la fecha haya obtenido una respuesta.
En ese momento, Pallais mencionó que a la fecha no hay explicación del destino de más de cinco millones de dólares ocupados en tres operaciones diferentes efectuadas entre el año 2009 y el 2010.
En esa ocasión, el investigador del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Roberto Orozco, refirió que pese a la aprobación de la ley 735, “lo que se está haciendo (con los bienes incautados) es una distribución discrecional, igual que antes” .
El diputado Pallais recordó que “el reglamento no puede ir contra la ley, que es de rango superior”.
A criterio del parlamentario, con la publicación del reglamento “se ve falta de acatamiento a la voluntad de la Asamblea Nacional, a la ley de la Asamblea Nacional pretendiendo invadir funciones” del Legislativo.
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