Nicaragua entra de nuevo en una etapa electoral en medio del desconcierto de la población que sabe que las cosas no están bien, a causa de las trasgresiones a la Constitución Política y al Estado de Derecho, pero no sabe en concreto qué hacer para evitarlas; que sabe, en el mejor de los casos, lo que ha sido el pasado, pero que aún no tiene una visión clara del futuro. Esta conciencia crepuscular de la política nos ha hecho, y sigue haciéndonos, rehenes del pretérito y habitantes de la Tierra del futuro confiscado.
Construir una nueva opción política me parece muy bien. Creo saludable para la vida del país todo lo que contribuya a la apertura de espacios y a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, que excluya la perpetuidad en el poder y establezca la alternabilidad en el desempeño de las más altas responsabilidades en la función pública, pero para ello deben tenerse en cuenta al menos tres elementos básicos: la formulación estratégica del proyecto; la propuesta clara para persuadir a la población de escoger esa alternativa, y, sobre todo, la unión de los diferentes sectores alrededor no sólo de personas y candidatos sino de un programa común.
Debemos señalar que en Nicaragua no existe un plano de coincidencias mínimas y que se ha roto el tejido de relaciones que hace de un conglomerado de personas una sociedad. Estamos ante una entidad fragmentada que requiere con urgencia un contrato social que le dé unidad a su diversidad, sentido a sus diferencias y posibilidades a sus esperanzas. Ésta tendría que ser, tendría que haber sido, desde hace mucho tiempo, la verdadera sustancia del quehacer político.
Es claro que así como no se puede prescindir de la búsqueda del poder como motor de la actividad política, tampoco se puede olvidar, y aunque parezca obvio recordarlo hay que hacerlo, que éste es un medio y no un fin, y que se ejerce para servir y no para servirse de él.
Está muy bien que en períodos electorales se elaboren tácticas políticas para su aplicación inmediata, pero es imperativo que además de la urgente necesidad de acción que exigen las elecciones, haya un claro respeto a lo que establece la Constitución y todo el sistema jurídico, y un interés continuo por plantear los grandes problemas para buscar las apropiadas soluciones y definir principios, objetivos, políticas, metas y estrategias, tanto de parte del Gobierno y de los partidos políticos, como de la sociedad civil, acerca del país que se quiere construir.
La reafirmación de valores y objetivos comunes nos permitiría dar un salto cualitativo, e interrumpir la repetición del drama de nuestra historia: una sociedad sin un sentido y dirección, en condiciones generales de pobreza y marginalidad, sin instituciones sólidas y sin posibilidad de iniciar un verdadero proceso de desarrollo. Pienso que es imprescindible un Contrato Social que haga posible reconstruir el país y que podría darse, cuando menos sobre cinco acuerdos fundamentales: el acuerdo político, el acuerdo institucional, el acuerdo social, el acuerdo económico y el acuerdo educativo.
Es fundamental para la construcción de la democracia en Nicaragua establecer los vasos comunicantes que le hacen falta. Hay que luchar por una sociedad unida, pero no uniformada, pues como nos enseña Octavio Paz, la unidad no es la uniformidad, y en ese sentido, no queremos tener un pensamiento homogéneo “que uniforme sin unir” sino un pensamiento y una actitud plural que “una sin uniformar”. Si el derecho a la igualdad fue una conquista de las revoluciones europeas de los siglos XVII y XVIII, el derecho a la diferencia tiene que ser una conquista de la revolución moral de nuestro tiempo.
El primer reto de los nicaragüenses es encontrar lo que nos une, identificar los puntos en los que, a pesar de las diferencias políticas, ideológicas, partidarias o religiosas, existe una comunidad de valores con los cuales reconstruir la democracia, pues no hay que olvidar que ésta no es solo un sistema político, sino también un sistema de valores del que los Derechos Humanos son la piedra angular. Por ello, su defensa es la labor más importante con la que la persona, la ciudadanía y, en general, la sociedad del presente debe estar comprometida.
Ninguna sociedad puede existir sin la política, ni ésta sin aquélla, pues cada una de ellas es condición de la otra, de tal forma que la crisis de la política nace justamente de su separación de lo social y de su absorción por el poder, a la vez que la crisis de lo social se produce por su alejamiento de las grandes decisiones que afectan a la comunidad. Separar lo político de lo social y de lo económico es producir una mutilación, una múltiple orfandad. Reintegrarlos en su naturaleza necesariamente complementaria es restituirles su unidad e identidad. Éste es uno de los grandes desafíos contemporáneos, restablecer mediante el consenso su sentido unitario orientado al bien común, y en esto radica la importancia cada vez más creciente de la participación de la sociedad civil en la construcción de ese proyecto que integre posibilidades y realidades, valores y acciones.
No se puede pensar que el solo crecimiento económico, en el caso que éste se diera, sin justicia social referida a la apropiada distribución del ingreso y a la participación real de la ciudadanía en la construcción de la sociedad, baste para garantizar la estabilidad y el progreso. Tampoco puede asumirse que sin Estado de Derecho, gobernabilidad democrática y adecuado ejercicio de lo político se logren evitar las crisis y convulsiones que alteran la normalidad y obstruyen la posibilidad del desarrollo. Lo económico y lo político no pueden disociarse y en ese sentido no hay que olvidar que las grandes crisis en nuestra historia han sido políticas y, en algunos casos como el del derrocamiento de la dictadura somocista, éste ocurrió en uno de los momentos de mayor auge económico, pero también de mayor violación a los Derechos Humanos, las leyes y las libertades ciudadanas.
La idea de que es posible separar lo económico de lo político, y del funcionamiento del sistema legal y las instituciones, ha impedido que el país se afirme en la estabilidad, la armonía y el desarrollo. Lo primero, entonces, es el respeto a los mandatos de la Constitución, el Estado de Derecho y la institucionalidad, como condición absolutamente necesaria y base fundamental para un adecuado ejercicio de la función pública y de los derechos y deberes de la ciudadanía, que conlleve la formación de un nuevo contrato social que haga posible la realización de la democracia y la convivencia de todos los nicaragüenses.
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