CORRESPONSAL/GRANADA
El sector transporte selectivo y colectivo de Granada cerró filas a favor de Monseñor Jorge Solórzano, obispo de la diócesis de Granada, y de la Iglesia católica, tras la sentencia ordenada por la juez Donaji Meza, del Juzgado Local Civil de esta ciudad, de demoler una pequeña capilla ubicada en la isla La Guanábana.
En el juzgado mencionado, a cargo de la judicial Meza, el notario Camilo Bermúdez, quien se desempeña como asesor legal de la alcaldía municipal y fue nombrado juez suplente de Distrito Penal de Juicios de Granada, presentó una notificación en la que el obispo Solórzano se da por enterado de la orden de desalojo.
No obstante monseñor Solórzano ha declarado públicamente que precisamente ese día (de la notificación) se encontraba en Matagalpa, en la comunidad La Cartuja, reunido con más de 100 personas, por cuanto se ha cuestionado el actuar de Bermúdez.
“Conocí que había cierto problema con esa capilla, pero después no supe nada y hasta fue el día de antier que me llamó asesoría legal de la Policía, donde me indican que hay un documento donde se dice que se tiene que desalojar la capilla”, dijo Solórzano a un medio radial local.
“Hasta ese momento me doy cuenta que hubo un juicio, del cual yo no conocí, nunca me informaron nada de ese juicio, ni fui notificado”, dijo Monseñor al mismo medio.
Ayer LA PRENSA buscó a Bermúdez para que diera alguna explicación sobre el caso, pero no fue localizado.
TREINTA AÑOS
Los miembros de las cooperativas de taxis La Gran Sultana y Carlos Núñez Téllez se manifestaron a través de un pronunciamiento y se unen también la Asociación de Consumidores y Usuarios de Granada (Acugra), así como la Cooperativa de transporte urbano y rural y servicios especiales.
La capilla funciona desde hace 30 años en la punta de la citada isla y ahí asisten los católicos de las isletas cercanas a recibir misa cada quince días. Está dedicada al Niño Jesús de Praga. El sector taxi ha manifestado estar dispuestos a plantarse en la isla para evitar que sea demolida.
“Querer desalojar y demoler una Iglesia católica por muy pequeña que sea, es querer demoler la fe católica y violar la libertad de cultos garantizada por la Constitución Política”, dice el pronunciamiento del sector transporte de Granada.
Los taxistas de ambas cooperativas y los miembros de Acugra y la cooperativa de transporte urbano y rural, señalan que “el notario Camilo Bermúdez, siendo además abogado de la demandante, asienta en el papel una notificación personal a nuestro Obispo Monseñor Jorge Solórzano Pérez, la que nunca se realizó, porque el día que el notario Bermúdez expresa haberlo hecho, nuestro obispo se encontraba en Matagalpa en un retiro espiritual, con más de 100 sacerdotes como testigos, teniendo todavía la osadía Camilo Bermúdez de expresar que estaba su palabra contra la palabra de nuestro Obispo”.
Los transportistas señalan que “desde que los Navas (magistrado Edgard Navas) han dominado el nombramiento de jueces en la ciudad de Granada, éstos y otros abusos se han multiplicado, siendo incontables”.
Los taxistas también emplazan al alcalde Eulogio Mejía para que se pronuncie ante este “falso proceso” y le preguntan qué medidas tomará ahora con su asesor.
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