Guatemala/ACAN-EFE
El Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, reanudó hoy el juicio en contra del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004), y dos ex ministros, acusados de una millonaria malversación de fondos públicos.
La presidenta del tribunal, Morelia Ríos, dijo que para esta semana se han programado la presentación de varios testigos por el caso en el que se juzga a Portillo y a los ex ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente.
Ríos también anunció que para el próximo 23 de febrero se ha programado la declaración del ex presidente del banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), José Armando Llort, quien vive en Estados Unidos.
De esa institución se habrían saqueado unos 120 millones de quetzales (15 millones de dólares) del erario nacional por el que se juzga al ex presidente y los dos ex ministros.
Llort es uno de los testigos de la fiscalía y su declaración será a través de una vídeo-conferencia desde Estados Unidos.
El juicio contra Portillo y los dos ex ministros, que se había iniciado el 21 de enero, quedó suspendido cuatro días después a petición del Ministerio Público (Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Según Ríos, la Fiscalía y la Cicig pidieron la reprogramación de los debates debido a que la mayoría de testigos que ellos presentarán en el juicio oral y público se encuentran fuera de Guatemala.
Portillo fue detenido en enero del año pasado, a petición de los Estados Unidos, que reclama su extradición por el delito de conspiración para el lavado de dinero por un monto de 70 millones de dólares.
Esa captura hizo que se le revocara la fianza de 120.000 dólares que había pagado en 2008 para quedar en libertad por el delito de peculado (malversación) por el que fue extraditado de México y por el que enfrenta juicio en el Tribunal Undécimo.
El dinero malversado habría ido a parar a las cuentas personales de los ex funcionarios, así como a estructuras criminales integradas en su mayoría por antiguos ex militares y dedicadas a diversas actividades ilícitas, según la investigación de la Fiscalía.
Para demostrar la culpabilidad de los procesados, la Fiscalía y la Cicig presentarán durante el juicio más de 700 pruebas documentales y la declaración de 36 personas, entre peritos especializados y testigos de cargo y descargo.
En la primera audiencia de enero pasado, el tribunal decidió la excarcelación de Arévalo y Maza y les dictó arresto domiciliario, pero una apelación de la Fiscalía y la Cicig los devolvió a la prisión el día 28 de enero.