Luis Eduardo Martínez M./ CORRESPONSAL/ MATAGALPA-. Encadenado a unas verjas al frente de la sede departamental del Ministerio Público en Matagalpa, el francés Abraham Azoulay reclama que esa entidad responda sobre la apelación que hizo ante la inadmisión de la denuncia que, por diversos delitos, había interpuesto en contra de varias personas, incluyendo al conjuez liberal Félix Pedro Ocampo Obregón.
Azoulay dice que fue estafado al pretender adquirir cuatro manzanas y 210.97 varas de tierra que le venderían un par de beneficiarias de los Acuerdos de las Tunas, en virtud de los cuales el Gobierno otorgó parcelas a familias campesinas que en la década anterior quedaron sin empleos con la crisis del café.
Reyna María Sobalvarro y Jamileth del Socorro Rodríguez Sobalvarro fueron las presuntas vendedoras de las tierras ubicadas en La Pintada, al sur de la ciudad de Matagalpa, por las que el extranjero pagó 12 mil dólares a cada una.
Presuntamente, en la transacción intermediaron otras personas a quienes Azoulay también les habría entregado dinero, por lo que los denunció ante la Policía y el Ministerio Público.
El conjuez Ocampo habría hecho las escrituras del supuesto traspaso de las tierras, además de unos poderes especiales a favor de una mujer también denunciada por el extranjero.
Pero según el conjuez, las vendedoras tenían unas constancias de asignación “que reflejaban que ellas serían dueñas de las tierras”, advirtiéndoles que las mismas no se podían vender, por lo que hizo “una escritura que se llama promesa de venta de la cosa ajena”.
En el documento Ocampo dice haber relacionado las constancias de asignación que “reflejan una intención y que cuando estas señoras (vendedoras) ostenten el título o sean dueñas, procederá la venta y que en este momento es un mero ofrecimiento”.
El fiscal departamental, Richard Lara, explicó vía telefónica que el caso no fue admitido por ser de resorte civil.
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