“¿Y cuál es el miedo?” es el nombre de la campaña que iniciaron ayer organismos de la sociedad civil, que consiste en recoger firmas para respaldar el anteproyecto de ley para garantizar la observación electoral, debido a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) sustituyó la observación por el término acompañamiento.
Julio Icaza Gallard, de la Unión Ciudadana por la Democracia (UCD), destacó que el presidente Daniel Ortega pretende crear una “imagen de normalidad” en Nicaragua con relación al proceso electoral de este año, pero está viciado desde su origen.
Señaló que Ortega, en la misma línea que el CSE, insiste en permitir sólo el “acompañamiento” electoral, para impedir la observación electoral nacional e internacional que haría más creíble el proceso.
Las dos últimas elecciones, municipales y regionales, fueron cuestionadas porque los resultados fueron alterados y favorecieron al partido de Gobierno.
“Pretenden convertir a quienes vigilan el grado de cumplimiento de un conjunto de derechos humanos, ligados al derecho al sufragio, en comparsas de lo que ya se advierte como un atropello gigantesco a la voluntad popular y una farsa electoral”, afirmó Icaza Gallard.
NO ES INTERVENCIONISMO
El representante de la UCD desestimó las críticas vertidas por el presidente Ortega contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y resaltó que la observación no se trata de que personas de fuera organicen y supervisen el proceso electoral, sino de una actividad de protección y promoción de los derechos humanos, que no implica ninguna intervención en asuntos internos de determinado Estado.
Con las firmas también pretenden demostrar la exigencia de una mayoría de nicaragüenses de que haya “observación electoral nacional e internacional amplia, oportuna e independiente, como un derecho humano y ciudadano amparado en nuestra Constitución”.
Los primeros firmantes de la campaña fueron los diputados Eduardo Montealegre y Adolfo Martínez Cole, de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN); Salvador Talavera, diputado independiente; Enrique Sáenz y Hugo Torres, parlamentarios propietario y suplente, respectivamente, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Las organizaciones de la sociedad civil esperan contar con el respaldo de la mayoría de parlamentarios en la Asamblea Nacional, donde el anteproyecto de ley sea tramitado con carácter de urgencia, tomando en cuenta los tiempos, ya que consideran necesario que los observadores estén presentes en el desarrollo del proceso y no sólo el día de las votaciones, debido a las irregularidades que cometen el CSE y el partido de gobierno, el Frente Sandinista (FSLN).
Icaza dijo que con esta iniciativa de ley se pondrá en evidencia la verdadera actitud de los diputados de “oposición”, esperando que así como fueron solícitos para “las siniestras” leyes militares, no vean dificultades a la hora de aprobar una ley para garantizar la observación.
“Vamos a probar el temple democrático de quienes se autocalifican de oposición. Quienes le nieguen su voto o la ahoguen, engavetándola y enviándola a una comisión, se confesarán responsables del fraude que ya está planificado; y si ahora se quejan de las dificultades que prevén, que no lloren el doble más tarde, cuando el pueblo les pase la cuenta por su entreguismo y cobardía”, advirtió Icaza.
A LAS PUERTAS DE UNA DICTADURA
Julio Icaza Gallard manifestó que este proceso electoral, que culminará el 6 de noviembre con la elección de Presidente y diputados, “reviste un carácter excepcional de profunda anormalidad” por la “sombra siniestra del fraude” en los comicios municipales de 2008, lo que pone en juego la democracia en Nicaragua.
“En esta lucha por la democracia no sólo se juega nuestra sobrevivencia como organizaciones civiles libres e independientes, sino también la paz y la estabilidad nacional”, enfatizó Icaza.
Agregó que “si las elecciones de 1990 hicieron posible el fin de la guerra, la reconciliación y la libertad democrática, las elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año pueden convertirse en la puerta de entrada a una nueva dictadura y el regreso a una lucha fratricida”.
Indicó que aún están a la espera de que el presidente Ortega responda el emplazamiento que le hicieron hace meses, para que se reúna con sectores políticos, económicos, gremiales y de la sociedad civil, a discutir los puntos de respeto a la Carta Magna y leyes de la República, además del cumplimiento del artículo constitucional que prohíbe la reelección.
LA CEDULACIÓN
Otro problema planteado por los ciudadanos asistentes a la II Asamblea de la UCD fue la casi nula entrega de cédulas de identidad a personas que no son simpatizantes o militantes del partido de Gobierno, o que no pueden pagar los 300 córdobas impuestos por el Poder Electoral, obviando el derecho que tienen de portar su documento de identidad, que no sólo sirve para ejercer el derecho de depositar el voto en las urnas.
La UCD pide cambios en el sistema de cedulación y la revisión, depuración y actualización del padrón electoral. También la despartidización de las autoridades administrativas del Poder Electoral.
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