El director general de Ingresos, Walter Porras Amador, ha despedido hasta ahora a 774 trabajadores y ha enfrentado 32 demandas laborales desde 2007, cuando asumió su cargo, confirmó LA PRENSA a través de fuentes judiciales y organismos de derechos humanos.
Según un informe oficial de la Dirección General de Ingresos (DGI) del 16 de marzo de 2010, Porras no entera las deducciones que hace a los trabajadores desde planilla.
El documento financiero reveló que la deuda de la DGI alcanzó en diciembre de 2009 107 millones de córdobas, incluyendo las obligaciones con los trabajadores, deudas con empresas y otras cuentas por pagar.
La mayoría de trabajadores despedidos dice tener miedo, según varios ex empleados consultados. A Blanca Hernández, quien trabajó en la DGI desde 1986, la despidieron en 2008 para hacer una “reestructuración”.
La llamada se la hizo el director de Recursos Humanos de la institución, Erick Avellán.
“Primero me dijo que había una denuncia. Deberías aclararme eso, le dije. En la carta de despido únicamente mencionan que fue por reestructuración. A uno lo corren y como que uno era corrupto. Para mí fue política, porque querían ocupar los cargos de personas viejas, a quienes despidieron, para darle lugar a quienes le habían prometido trabajo en el Frente Sandinista. Creo que con actitudes como éstas se pierde la experiencia del trabajador”, dice Hernández.
- Para Álvaro Sánchez Leiva, quien además es secretario de Asuntos Laborales de la Federación Democrática de Trabajadores del Servicio Público, los empleados públicos han venido enfrentando un desmedido y comprobado abuso de autoridad desde enero de 2007, cuando asumió el presidente Daniel Ortega.
La deuda pública en concepto de liquidaciones que acumula el Estado es de 673 millones de córdobas, de acuerdo con las cifras manejadas por el experto.
La mayor cantidad se concentra en los sectores de Salud, Educación y Acueductos y Alcantarillados, de acuerdo con un recuento hecho desde el año pasado.
En el caso de la DGI, su director se resiste a ofrecer una explicación sobre los despidos y también sobre el irregular manejo financiero de la institución. Sólo sindicatos ligados al FSLN lo defendieron recientemente.
Los sectores de derecha y oligárquicos, al no tener nada que ofertar al pueblo nicaragüense y ante los contundentes resultados positivos de los programas sociales de nuestro gobierno, recurren a la calumnia, apuntaron los sindicatos.
[/doap_box]
DGI ES UN VERDUGO
De acuerdo con Álvaro Leiva Sánchez, coordinador de la Oficina de Asuntos Laborales de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la DGI es una de las instituciones del Estado con mayor incidencia en el “retroceso de la situación de los derechos humanos en el país”.
Sánchez dijo que, además de los 774 despidos que lleva contados, Porras ha descabezado ocho organizaciones sindicales.
El especialista cuantificó la deuda pública creada por Porras al evitarse el pago de las liquidaciones.
“Se ha generado una deuda pública para el Estado de Nicaragua por sentencias judiciales y pago de prestaciones sociales (liquidación laboral) por sus años de servicios aún no pagadas de casi más o menos 25 millones 408 mil córdobas”, precisó en un correo electrónico enviado a LA PRENSA.
En el informe oficial, publicado el lunes pasado por LA PRENSA, la DGI reconoce que debe en indemnizaciones 2 millones 668 mil 776.96 córdobas, a lo que hay que sumar más de 12 millones en vacaciones, 14.3 millones en aguinaldos y 14.9 millones en aporte de la patronal al INSS. Además no enteró lo retenido en concepto de Impuesto Sobre la Renta.
HUMILLADOS POR EL PODER
Hernández relata las humillaciones que ha pasado para que le paguen. Cuenta que en noviembre de 2008 existió la posibilidad de que la reintegraran. Pero el jefe de Recursos Humanos primero le dijo que retirara la demanda y que después hablarían.
Porras se lo dejó más claro al salir de una reunión. “Usted quiere que la reintegre y tiene demanda en contra mía”, le reclamó.
Porras con tono irónico supuestamente le dijo: “Espere sentada”. “Como quien dice que me muriera de hambre. En ese momento le dije a él que soy hija de Dios y no me iba a morir. Él habla de Dios en todas partes y ensucia su nombre”, sostuvo Hernández, de 45 años, madre soltera de dos hijos.
La mujer sostiene que sus hermanas, que son maestras, le ayudan económicamente.
Sobre la politización de la institución recuerda: “Teníamos que ir a las marchas. Era la política de él. Walter Porras se quería congraciar con el Gobierno. Llevando a todos los trabajadores. Nos hacía comprar camisetas que valían 150 córdobas creo y nos iba a salir deducido en el pago. Como a mí me despidieron, no sé si quedó pagada la camiseta”, dijo Hernández.
A la espera de la sentencia, esta administradora de empresas cree que lo peor de la administración de la DGI es que al momento del despido tratan a los trabajadores como ladrones. Dos guardas de seguridad acompañan hasta la calle al trabajador despedido.
TRABAJÓ 40 AÑOS COMO AFANADORA Y TAMPOCO LE PAGA
“El ladrón es él (Porras) porque nos está robando nuestra liquidación”, se queja. Una amiga suya, que trabajó 40 años en la institución y también fue despedida por Porras en 2008, la escucha.
Ignacia Altamirano, de 68 años, trabajó como afanadora en la DGI. Aún no le pagan la liquidación completa. Le dieron una parte. Le restan 17 mil córdobas que necesita porque debe pagar un préstamo y el jefe de Recursos Humanos siempre le dice, cada vez que llega a pedir su pago, que hay problemas con el presupuesto.
“Para mí es un director que sólo se beneficia él. Humilla a la gente. Les dice ofensas”, añade Altamirano. Arrienda una casa. La parte que le dieron en la liquidación en 2008 la ocupó para pagar “seis meses de renta atrasados”. Además de triste, luce indignada.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,6 A
