Por Josué Bravo, Mario Moncada y Agencias
SAN JOSÉ Y MANAGUA
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) abrió hoy martes en La Haya las audiencias sobre la demanda que interpuso Costa Rica contra Nicaragua por una supuesta «invasión militar», con la que además pretende detener las labores de dragado del Río San Juan de Nicaragua, acción que el mismo tribunal internacional reiteró el año pasado, en una sentencia, que tiene derecho a hacerlo porque además ejerce «Dominio y sumo imperio sobre el río».
Las audiencias preliminares, que se extenderán hasta el jueves, se abrieron hoy en la madrugada (hora de Nicaragua) por la representación de Costa Rica, y a esta hora estaría interviniendo la delegación de Nicaragua encabezada por el agente ante la CIJ, el embajador Carlos Argüello.
La demanda tica fue presentada por el agente de Costa Rica Edgar Ugalde, luego tomaron la palabra los juristas costarricenses Arnoldo Brenes y Sergio Ugalde.
El embajador Jorge Urbina, del equipo de Costa Rica, declaró a Canal 6 de San José que el equipo jurídico expuso sus argumentos de forma ordenada, usando «pruebas» como documentos históricos, mapas e los dos países no verificados en el terreno, informes políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), un informe de la Convención Ramsar, basada en «información secundaria» del Gobierno costarricense, ya que los representantes del organismo que vela por los humedales no han visitado el San Juan.
«Hay un riesgo de un serio deterioro del conflicto como resultado de la actitud de Nicaragua», advirtió Ugalde, ex embajador de San José en Managua, viendo «en peligro la estabilidad y la paz entre ambos países hermanos».
Nicaragua inició el 21 de octubre las labores de limpieza en un tramo del Río San Juan, específicamente en los últimos 42 kilómetros de los 200 que tiene, hasta llegar a la desembocadura, para recuperar su caudal y su cauce natural tal como lo establecen el Tratado Jerez-Cañas de 1858 y los laudos Cleveland y Alexander, reconocidos por Costa Rica. Los niveles del San Juan se han visto afectados por los sedimentos aportados por los afluentes ticos, como el Sarapiquí y San Carlos, según estudios internacionales.
A finales del año pasado, Nicaragua logró limpiar el primer año que conecta el cauce principal del San Juan con Harbour Head, en la desembocadura del río, que los costarricense dicen les pertenece, pero que en realidad en territorio nica según los instrumentos jurídicos citados.
«O DRAGAMOS EL RÍO O LO DAMOS POR PERDIDO»
En una entrevista a Radio Nederland, de Holanda, el embajador Argüello, refirió que los documentos jurídicos e históricos respaldan a Nicaragua.
«Hemos analizado toda la documentación jurídica, desde el tratado inicial de fronteras con Costa Rica suscrito en 1858 (el Jerez-Cañas) en especial un laudo emitido por el Presidente Cleveland aclarando ciertos puntos que todavía nos distanciaban en 1886 y luego, a fines del siglo XIX, la llegada de un ingeniero árbitro (Alexander), nombrado por el Presidente Cleveland, para dejar claro el inicio de la frontera y poner mojones donde fuera posible», declaró.
«El ingeniero árbitro (Alexander) dejó indicado, en su primer laudo, la forma en que sería la frontera desde su punto inicial y pasando por el río. El problema era buscar el punto original fijado por Cleveland y el tratado de 1858. Él dio los elementos para determinarlos. Pero como la frontera es el río, entonces la frontera no tiene mojones. El ingeniero Alexander puso mojones, pero río arriba como a más de cien kilómetros. Entre el inicio de la frontera, en la boca del río y el primer mojón hay una distancia de aproximadamente 110 kilómetros. A partir de allí los mojones fueron puestos en tierra. El mismo Alexander lo señala en los cinco laudos dictados, especialmente en el segundo y tercer laudo, que se trata de una frontera sujeta a cambios porque debe de seguir los cambios del río», detalló Argüello.
El laudo Alexander dice que «al llegar a las aguas de la laguna Harbour Head la línea divisoria dará vuelta a la izquierda o hacia el Sureste y continuará marcándose con la orilla del agua alrededor del Harbour hasta llegar al río propio por el primer caño que encuentre. Subiendo este caño, y subiendo el río propio».
Entre tanto El canciller costarricense, René Castro Salazar, urgió en La Haya el retirode los militares de Nicaragua que supuestamente «invadieron» el territorio de Costa Rica, en la zona de Harbour Head, que San José insiste en llamar Isla Calero.
«No queremos que siente un precedente, especialmente en las Américas» el hecho de que un país tome «la decisión unilateral de actuar de forma militar para resolver cualquier disputa», dijo.
El embajador Argüello recordó que «lo que se pretende con el dragado del río San Juan, un plan que estará ante los jueces de la CIJ, era recuperar dos metros (de profundidad) de navegabilidad en el río San Juan, en todo tiempo. Eso fue la información que tenía el canciller Castro cuando dijo que el impacto ambiental no iba a ser determinante» cuando habló ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre.
«El problema es muy serio: o dragamos el río o lo damos por perdido. Dentro de cincuenta años allí no habrá nada. En verano es ahora imposible navegar por esta parte del río, es más fácil caminarlo. ¿Qué impacto tiene esto es los humedales? Ellos se alimentan del río San Juan, de Nicaragua», subrayó Argüello.
Se estima que los ríos costarricenses San Carlos y Sarapiquí aportan al San Juan de Nicaragua más de 1,200 y 800 toneladas de sedimentos por día, respectivamente, según el Estudio de Diagnóstico de la Cuenca del Río San Juan y Lineamientos del Plan de Acción realizado por los gobiernos de la República de Costa Rica a través del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) y de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
Este estudio que se realizó en 1997 contó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Oficina de Desarrollo Sostenible de y Medio Ambiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Las audiencias en la CIJ se extenderán mañana miércoles y el jueves. Se estima que el máximo tribunal de las Naciones Unidas podría resolver sobre las medidas cautelares pedidas por Costa Rica, en unas cuatro semanas.
