Más que la Presidencia de la República, lo que estará en juego en Nicaragua este 2011 es la democracia; y la disputa principal será entre quienes defienden la libertad de expresión y quienes pretenden eliminarla.
La instauración legal de la censura y la autocensura en Venezuela, al finalizar el año 2010, debe ser motivo de alerta en Nicaragua. Es difícil que algo similar ocurra en este país este año, en el sentido de aprobar leyes para censurar, pero es muy probable que suceda a partir de 2012, si el presidente Daniel Ortega logra su reelección ilegal.
Algunos analistas descartan que Ortega vaya a cometer ciertas locuras que ha hecho el presidente venezolano Hugo Chávez, como expropiar tierras y empresas o provocar un caos económico con políticas que hace más de dos décadas causaron daño en Nicaragua, entre estas el control de precios.
No dejan de tener razón, en cuanto a lo económico, porque Ortega sabe que Nicaragua se hundiría más rápido que Venezuela si pretende estatizar la economía, ya que carece del ingreso petrolero en que se ampara el régimen de Chávez, que sólo en el año 2009 recibió casi 28 mil millones de dólares de la petrolera estatal PDVSA.
Sin embargo, esa cifra es casi 60 por ciento menos de lo que PDVSA transfirió al Gobierno venezolano en 2008: más de 68 mil millones de dólares, según auditorías reveladas por la firma consultora ODH, lo que tiene en aprietos a Chávez.
En lo político, Ortega sí aplica métodos de Chávez que se han convertido en estrategias en los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), como la imposición de la autocensura, la persecución a críticos y líderes opositores, el control de los poderes del Estado, la violación a las leyes y la Constitución, el manejo discrecional de dinero para comprar adeptos y corromper, y la reelección indefinida del Presidente.
En tanto el caudillo o dictador va copando las instituciones y se asegura una permanencia prolongada en el poder, con la oposición parlamentaria dividida o corruptible, empieza a crear leyes a su medida; y pasa de la autocensura, impuesta con métodos intimidatorios, a la censura legal.
Ortega, que ni admite crítica ni permite difundir información pública, comenzó a intimidar al periodismo en 2007 con epítetos como “oligarcas” y “vendepatria”; luego lo reprimió con turbas o usando instituciones; todo para reducir la fiscalización y los cuestionamientos a su administración.
Si Ortega sigue gobernando después de este año, dirá que la crítica pone en riesgo la seguridad de la nación y buscará cómo hacer leyes para restringir lo que se publique por cualquier medio y castigar a quienes hablen más de lo permitido.
Este año, si a la población nicaragüense se le impide opinar, informarse y manifestarse con libertad, es casi seguro que las elecciones generales de noviembre próximo serán una farsa.
Si a los organismos de observación electoral, nacionales y extranjeros, se les impide hacer su trabajo con libertad plena, de tal manera que vigilen y denuncien, sólo puede ser por una razón: la gestación de otro fraude.
¿Permitirá el pueblo de Nicaragua que eso suceda? Conservar la libertad y salvar la democracia es el reto.
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