La empresa privada cuestionó ayer “la actitud pasiva” de la Policía Nacional ante los ataques y hostigamientos al Diario LA PRENSA por un grupo de ex prestadores de servicios ligados al sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT).
El grupo, que vendía a este Diario el servicio de distribución de periódicos, ha bloqueado en varias ocasiones la salida de los vehículos distribuidores de LA PRENSA.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) condenó, en un comunicado, esos “ataques” y rechazó “la actitud pasiva y cómplice de algunos funcionarios de la Policía Nacional que en abierta violación a las normas que rigen las funciones de dicha institución y actuando con negligencia, han puesto en riesgo la integridad de los trabajadores de LA PRENSA”.
En cuatro ocasiones, las 23 personas que prestaban el servicio de repartidores de periódicos y dirigentes del FNT se han apostado en las entradas de este Diario a proferir amenazas e injurias, lanzando morteros y provocando daños en los portones y candados de los accesos principales de LA PRENSA.
Los ataques perpetrados por este grupo de personas afines al gobierno de Daniel Ortega fueron condenados por Amcham, que les acusa de violentar “el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de empresa, la libertad de circulación” a “vista y paciencia de las autoridades policiales”, pese a que se está atentando contra la vida de los trabajadores de este Diario.
En su pronunciamiento, Amcham señaló que todas las violaciones expuestas son “delitos que son perfectamente perseguibles de oficio por la autoridad”, pero éstas las ignoran.
El gremio empresarial llamó a las autoridades “que están promoviendo este tipo de acciones criminales, para que en vista del espíritu navideño que dicen respetar, cesen estos ataques contra el Diario LA PRENSA”.
Asimismo, sugiere que “se dejen los reclamos para que sean resueltos en el marco de los tribunales de justicia, que es donde se ventilan dichas disputas de índole laboral”.
Amcham expresó su solidaridad “con los miembros de la Junta Directiva, gerentes, periodistas y funcionarios del Diario LA PRENSA por esta nueva muestra de intolerancia e irrespeto a la libertad de expresión en Nicaragua”.
El asedio constante de los ex prestadores de servicios, que actúan como turbas, fue denunciado el pasado 23 de diciembre por el gerente general de LA PRENSA, Hugo Holmann Chamorro, y el presidente y director del Diario, Jaime Chamorro Cardenal, en la Estación Cuatro de la Policía Nacional.
En manos de la Policía se encuentra una lista con los nombres de las personas que integran el grupo de choque. La denuncia está acompañada con fotografías que captan los momentos de los ataque a las instalaciones de este Diario.
COSEP DEMANDA RESPETO AL MITRAB
El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, también se sumó a esta condena pública y pidió al Gobierno respeto a la libre empresa y a la libertad de expresión.
Aguerri recordó que en agosto pasado ya habían condenado estos ataques contra LA PRENSA, y la queja fue llevada en septiembre pasado ante la Comisión de Seguimiento integrada por la empresa privada y el Gobierno, pero todavía están esperando respuesta.
Aguerri recordó la libertad que tienen las empresas “para establecer relaciones primarias o triangulares” con prestadores de servicios. “Por eso existe en el Código Laboral la posibilidad de que hay trabajadores asalariados y asimismo trabajadores independientes”.
“La estrategia de cada empresa establece, obviamente con el consentimiento del prestador de servicios, esa relación contractual. Ningún ministerio del Trabajo tiene que venir a cambiar lo que establecen las leyes o interpretar lo que establecen las leyes”, indicó.
“Por supuesto que nosotros condenamos nuevamente esas actitudes que han venido a afectar la libertad de expresión, al estar siendo afectada la distribución del periódico”, expresó.
El conflicto con los ex prestadores de servicio estalló en agosto pasado, luego que la dirección de LA PRENSA decidiera prescindir del servicio de seis de ellos, como parte de un proceso de reestructuración de la red de distribución del periódico, emprendido debido a quejas de los suscriptores.
La cancelación de los contratos de servicio comercial de los seis distribuidores provocó que otros 17 contratistas de la misma red de distribución boicotearan la salida de los periódicos en la madrugada, por lo que se decidió también prescindir de sus servicios.
Aguerri reconoció que el boicot a la distribución del periódico está afectando a los
suscriptores y a los lectores en general. “Efectivamente, la Policía debe garantizar que la empresa no sea afectada en su labor cotidiana y que los periódicos no deben ser afectados por este tipo de chantajes”, expresó.
El representante de la cúpula empresarial dijo que de persistir el ataque contra el Diario LA PRENSA en enero, el Cosep podría reincorporar este tema en la agenda que trabaja con el Gobierno.
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