Transparencia Venezuela, a través de su directora Mercedes De Freitas, calificó como un “poema al horror” el artículo 17 de la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, recientemente aprobada por la Asamblea venezolana que controla el Presidente de ese país, Hugo Chávez Frías.
- El cardenal venezolano Jorge Urosa indicó el viernes que no tiene la menor duda de que el presidente Hugo Chávez se encamina hacia una dictadura comunista.
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Según el documento, publicado en La Gaceta Diario Oficial de ese país el 21 de diciembre, la publicación de información en los medios venezolanos dependerá de la aprobación de las autoridades gubernamentales.
“Toda información generada por la institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la Unidad Responsable de la Imagen Institucional o de la Máxima Autoridad de la Institución”, dice el artículo 17 que espantó a De Freitas.
La medida sigue a una serie de leyes aprobadas por los legisladores cercanos a Chávez que lo habilitan para gobernar por decreto en los próximos 18 meses y le permiten un control del financiamiento de los Organismos No Gubernamentales (ONG).
La oposición venezolana denunció que todas estas decisiones constituyen un “golpe de Estado” de parte de Chávez.
Según agencias internacionales, el apuro se debe a que falta menos de un mes para que asuma el nuevo Parlamento, elegido en septiembre pasado, en el cual Chávez tendrá la mayoría de diputados, pero no los dos tercios requeridos para aprobar leyes orgánicas y poderes especiales al Ejecutivo.
Según De Freitas, la normativa, que controla toda publicación de información pública, es una censura previa.
“Son 36 artículos nada más, pero en éstos se ordena clasificar todos los datos en: uso público, uso interno, confidencial y extremadamente confidencial. En el anexo de la norma agregaron la Guía rápida para la clasificación de la información. Queda claro que no sólo será el Boletín Epidemiológico el que no saldrá, sino que cualquier cosa que su divulgación impacte moderamente en el prestigio de la institución”, explica De Freitas en un correo electrónico enviado a LA PRENSA.
La normativa contiene otros detalles como definir a las instituciones estatales responsables de generar, clasificar y difundir la información, como propietarios de la información pública.
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