Por alejandro Serrano Caldera.- El Ejército de Nicaragua es la institución que goza de más prestigio en la opinión pública, según revelan las encuestas en forma reiterada. Esto es notable si tenemos en cuenta las dos guerras civiles que azotaron al país: en los años setenta, contra la dictadura de Somoza; y en los ochenta, en el enfrentamiento de la Resistencia y la Revolución Sandinista.
Más allá de cualquier consideración ideológica o política resalta el hecho de que el Ejército, cuyas raíces no pueden separarse de estos acontecimientos y cuyos orígenes provienen de una sociedad que se vio confrontada en una lucha a muerte, tenga el grado de aceptación que hoy tiene.
Por ello el respeto y aprecio de que goza el Ejército, en estos momentos de frágil equilibrio político, debe ser objeto no solo del reconocimiento, sino también de la reflexión racional que nos interroga acerca de esta circunstancia fuera de lo común. ¿Por qué los nicaragüenses que coinciden en muy pocas cosas están de acuerdo, en términos generales, en este punto? ¿Por qué este pueblo que vive una guerra verbal continua de descalificación, burla, rumores y rechazos, en una adaptación contemporánea de la “guerra de todos contra todos” de la que nos habla Hobbes en el Leviatán, coincide en este reconocimiento? ¿A qué se debe que lo que en la historia reciente ha estado en el centro de la confrontación aparezca ahora como punto de convergencia de ese raro consenso?
Varias y diferentes respuestas pueden ensayarse y posiblemente el consenso que nace de ese sentimiento colectivo no se produzca en los intentos que se hacen para la explicación del mismo. Más allá de las diferentes hipótesis que puedan formularse, pareciera que algunas consideraciones forman un común denominador, un plano de coincidencias mínimas, hacia donde converge el sentimiento nacional.
Creo que entre esas consideraciones podrían destacarse el proceso de institucionalidad que el Ejército ha venido impulsando y consolidando; la sensación de que se trata de una institución seria en medio del colapso de buena parte de las demás; la convicción de la población de que las fuerzas armadas respetan la Constitución y que a partir de ella se da la subordinación del poder militar al poder civil, y, finalmente, la sensación de relativa seguridad que el Ejército produce en la ciudadanía en medio de la crisis jurídica e institucional en la que progresivamente se sumerge el Estado y el país.
Éstas, entre otras, son algunas hipótesis que nos permiten tratar de explicar un fenómeno tan particular como el que estamos analizando. Por tal razón, todo aquello que conduzca al Ejército al alejamiento de los principios y valores percibidos por la población como componentes de su identidad, lo llevarían a su devaluación en la conciencia colectiva y a la acentuación de la inseguridad y desesperanza en el país.
El Ejército tiene que saber que lo que ha alcanzado es un acontecimiento significativo y que el aprecio del que goza en la ciudadanía es el mayor de los logros al que cualquier grupo u organización puede aspirar.
Todo intento del poder político de subordinarlo a intereses particulares o partidarios es, además de insensato, atentatorio contra los elevados intereses de la sociedad nicaragüense. Cualquier ley que pretenda alterar la legalidad e institucionalidad alcanzadas, además de violentar la Constitución, abre peligrosamente las puertas a la desconfianza y a la incertidumbre.
No se debe aceptar que ningún tipo de interés político, partidario o personal, altere el tejido jurídico que regula su funcionamiento y desvirtúe la naturaleza misma de la institución. Esto es obligación de todos, no solo del poder que pudiera pretender tal sometimiento, ni de los militares concernidos más directamente por el problema, sino que es deber de la sociedad en su conjunto, pues se trata de preservar una institución que pertenece al país entero y que fue concebida, como nos lo dice Platón en República hace 2,500 años, como una organización de la ciudadanía, creada por ésta para su propia protección.
La Asamblea Nacional, con los votos del FSLN y de los diputados de otros partidos políticos, aprobó la Ley de Seguridad Democrática, la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, incorporando lo que según las bancadas, que votaron con el FSLN, regula el proyecto original y limita su esfera de aplicación.
No obstante, más allá de la consideración acerca de que si estas regulaciones serán efectivas o serán simples medidas artificiales orientadas a guardar las apariencias sin afectar el fondo del asunto, resulta inadecuada la presentación de esos proyectos de ley por parte de la Presidencia de la República, pues no es el momento indicado. Además, disposiciones con alcances tan delicados y controversiales requieren no solo de acuerdos de algunos grupos políticos de la Asamblea, sino de un verdadero consenso nacional, que incluya tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía, por lo que un acuerdo de esta naturaleza debe ser precedido de una seria y amplia discusión sobre sus propósitos y alcances.
Como una inquietud adicional con respecto al contenido de cada una de las leyes mencionadas, debe también considerarse el hecho de su presentación con carácter de urgencia, lo que independientemente de la modificación del trámite, por parte del órgano legislativo, denota el interés de evitar la reflexión, debate, estudio y crítica de esos instrumentos jurídicos cuyo impacto en el servicio militar, el reclutamiento forzado y la estructuración de un órgano de investigación, como el que eventualmente surgiría de estos mecanismos legales, podrían crear una situación de control y sometimiento de la ciudadanía, ajena completamente al espíritu de la democracia y las disposiciones establecidas en la Constitución Política.
No se debe aceptar un plan que pareciera orientado a someter al control del poder militar, tanto a la organización civil del Estado como a la ciudadanía, ni se debe tampoco aceptar que el Ejército se transforme en un instrumento a través del cual se garantice la posibilidad de construir un poder omnímodo y absoluto.
No hay que olvidar que la historia de Nicaragua ha estado marcada por la presencia de poderes personales, hegemónicos y dictatoriales, amparados en el control de las instituciones del Estado, que por principio ético, jurídico y filosófico deben ser independientes y, de manera especial, por el respaldo incondicional del ejército de turno, a los caudillos y dictadores, los cuales han sido posibles, precisamente, por haber desnaturalizado la función de las fuerzas armadas, separándolas de la matriz ciudadana de la que provienen y adscribiéndolas a los intereses políticos, personales y hegemónicos de quienes ejercen el poder.
Preservar la institucionalidad del Ejército es condición indispensable para la existencia de la democracia, el Estado de Derecho, el desarrollo económico, social y político, y, consecuentemente, para preservar la paz, la seguridad y los derechos fundamentales de todos los nicaragüenses.
Jurista, filósofo y escritor nicaragüense
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