Por Josué Bravo
CORRESPONSAL /COSTA RICA
En la sentencia íntegra leída por el Tribunal Contencioso Administrativo, los jueces reiteraron en las irregularidades propiciados por la empresa minera y la complacencia del gobierno costarricense, que saltando procedimientos otorgó una concesión para extraer oro en Crucitas.
La sentencia parcial fue dictada por los jueces el pasado 24 de noviembre, en la que los jueces ordenaron eliminar la concesión minera a la empresa Industrias Infinito, desarrolladora de Crucitas, revirtió un decreto que declaró de interés nacional el proyecto y condenó a la empresa y al estado al pago de los daños ambientales provocados por la tala de árboles en la zona.
El Tribunal también propuso a la fiscalía para que valore si investiga penalmente al ex presidente Oscar Arias, al ex ministro Roberto Dobles y a 6 ex funcionarios más que ordenaron un decreto ejecutivo que avaló la minería hace dos años.
La sentencia completa fue leía la tarde de ayer martes en los Tribunales de Goicochea, en San José, y según el abogado demandante Edgardo Araya, está tan bien fundamentada que no cree en que el proceso de apelación el fallo sea revertido.
Según los argumentos de los jueces, el anterior gobierno que presidía Arias cometió «desviación de poderes», es decir, abuso de autoridad para tramitar irregularmente los permisos ambientales a favor del proyecto cuyos procedimientos fueron contrarios a la ley.
También señalaron «actuación fraudulenta» de la empresa minera para obtener los permisos y se obvió considerar que el proyecto requería de un nuevo estudio de impacto ambiental, por el impacto a los mantos acuíferos y los cambios en las áreas y profundidad de los tajos.
Sobre los recursos hídricos en la zona de Crucitas, el Tribunal determinó que un estudio del Ministerio de Ambiente calculó la profundidad sobre la superficie del suelo y no la del mar, como corresponde.
Tal y como lo demandaron los ambientalistas, los jueces condenaron que se haya cerrado un camino público ilegalmente, cuando eso le corresponde al Congreso ordenarlo.
Los jueces le recriminaron a la Procuraduría estar más al lado de la empresa minera que de los intereses públicos.
El gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, declaró que la empresa se encuentra en un proceso de fortalecer el equipo jurídico para analizar los pasos a seguir, es decir si apelan mediante un recurso de casación o solicitan un arbitraje.
De solicitar un arbitraje, según Obando, estarían pidiendo una indemnización del estado costarricense de 1350 millones de dólares. El gerente se ha dedicado a desprestigiar al tribunal, a los ambientalistas y a la seguridad jurídica del país.
Para Edgardo Araya, abogado ambientalista, el Tribunal fue claro en que las empresas pueden estar seguras en el país siempre y cuando cumplan con los requisitos sin quebrantar la ley.
