Si algunas revelaciones de WikiLeaks sobre Nicaragua hubiesen ocurrido en la década de 1980, habrían remecido a este país y causado más que asombro entre la población; pero en aquellos años ni existía el internet público ni los nicaragüenses podían recibir información con libertad.
Lo que ahora se cuenta de Daniel Ortega, el mismo que gobernaba en los años ochenta, ha causado poca sorpresa porque, como han dicho analistas y políticos, ya se sabía y la información secreta sólo ha constatado lo divulgado por los medios de comunicación.
De alguna manera, el fenómeno WikiLeaks permite ver cuánto espacio ha ganado el periodismo profesional en Nicaragua, batallando por informar con libertad y hasta develar secretos importantes del Gobierno, antes de que un hacker internacional robara los documentos del Departamento de Estado estadounidense.
La población nicaragüense se ha enterado de los casos de corrupción en el Poder Judicial, por los medios de comunicación, como cuando “desaparecieron” 609 mil dólares de la Corte Suprema, que la Policía había incautado al narcotraficante José González Largo. Un magistrado del Frente Sandinista (FSLN), entonces en la oposición, participó en la operación de “liberar” ese dinero un año y medio antes de las elecciones de 2006, que ganó el sandinista Ortega.
Sin embargo, los magistrados judiciales del FSLN dicen ahora que los informes de la Embajada de Estados Unidos en Managua, sobre ese tipo de casos, son inventos o chismes, a pesar de que las pruebas están en publicaciones periodísticas de varios años.
Lo mismo ocurre con los vínculos de Ortega con la narcoguerrilla colombiana (FARC), la que al parecer hasta intermedió en los años ochenta para que líderes del FSLN hicieran negocios con el capo Pablo Escobar, tal como reveló hace unos años Virginia Vallejo, quien fue amante de este narcotraficante.
El internet ha contribuido a que cada vez haya menos información oculta; y un sector del periodismo, aprovechando los nuevos recursos tecnológicos, desarrolla investigaciones cada vez mejores, a pesar de que gobiernos como el de Ortega se esmeren en impedirlas.
Pero se acercan etapas más difíciles para la prensa profesional, porque tras el escándalo desatado por WikiLeaks los informantes serán más parcos no sólo con los diplomáticos, sino con los periodistas, cuyas notas, por lo visto, se han convertido en fuentes secundarias confiables de embajadores.
El peligro inmediato es que algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, intenten controlar la información por internet y pongan en mayor riesgo la libertad de expresión.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que si en Estados Unidos imponen “una legislación restrictiva en contra de la neutralidad y la libertad en el internet”, eso estimularía a “otros gobiernos menos democráticos” a hacer eso y más.
En efecto, el jueves último el presidente Hugo Chávez mandó al Parlamento venezolano un proyecto de ley para castigar a los “manipuladores de la información” que envían mensajes por internet. Sin duda, WikiLeaks será el nuevo pretexto para los censores.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
