El grupo de individuos pertenecientes a la organización sindical oficialista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que ha acosado la residencia del gerente general de LA PRENSA, ingeniero Hugo Holmann Chamorro, alterando la tranquilidad y causando inseguridad a los miembros de su familia y personal de servicio, violan los derechos humanos de estas personas (y para mayor escarnio lo han hecho precisamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos), atentan contra la libertad de prensa y cometen flagrante delito que está debidamente tipificado en la ley penal de Nicaragua.
Esos mismos individuos son los que el martes 7 de diciembre corriente sitiaron las instalaciones del Diario LA PRENSA para impedir su circulación. Ellos constituyen un grupo de antiguos distribuidores de suscripciones de LA PRENSA en la ciudad de Managua, a algunos de los cuales les fueron cancelados los contratos con el propósito de mejorar el servicio a los suscriptores, pero los otros se solidarizaron con ellos alegando una relación laboral-patronal que nunca ha existido. Ahora, el pretexto que esgrimen para justificar sus acciones contra las personas, la propiedad y la libertad de prensa, es una demanda de que se les reintegre como trabajadores regulares de LA PRENSA, a pesar de que nunca lo fueron. Pero en todo caso esa demanda se está dirimiendo en el juzgado correspondiente y ellos tienen que esperar que la autoridad judicial resuelva el caso como en derecho corresponde.
Pero es obvio que no es una solución conforme a derecho de tal demanda, lo que quieren esos individuos y sobre todo sus mentores políticos oficialistas. Su verdadero propósito es hostigar y agredir a personas desafectas al régimen y atentar contra la libertad de prensa. Eso es lo que explica la agresión contra el Gerente General de LA PRENSA, contra su familia y el personal de servicio en su residencia, y además las amenazas contra todas las personas que desempeñan cargos en este Diario, contra los vehículos en los que se movilizan los periodistas y contra estos mismos personalmente. Y eso es lo que explica la coincidencia de estos actos de agresión física con la publicación de libelos difamatorios en órganos oficialistas, por parte de sicarios intelectuales del régimen, contra el gerente general de LA PRENSA.
Al denunciar ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad democrática internacional estas agresiones contra las personas y la libertad de prensa en Nicaragua, tenemos que señalar la pasividad —que de hecho deviene en complicidad— demostrada por la Policía en este caso, tanto el martes 7 de diciembre cuando no cumplió su deber de obligar a los saboteadores a despejar la salida de LA PRENSA, como durante el acoso contra la residencia del ingeniero Hugo Holmann Chamorro. La Policía no está cumpliendo su obligación de proteger la integridad y la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. Tampoco está cumpliendo su deber de prevenir y perseguir el delito, de preservar el orden público, de velar por el respeto a la propiedad privada y de los particulares, tal como lo manda el artículo 1 de la Ley 228, que es la Ley de la Policía Nacional.
Pedimos por este medio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a todos los organismos internacionales que velan por el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión y de prensa, a que pongan atención a lo que está ocurriendo en Nicaragua y exijan al gobierno de Daniel Ortega que cese sus acciones de hostigamiento y agresión contra el Diario LA PRENSA.
Y a la Policía le demandamos que cumpla su deber legal y su juramento ético de garantizar la tranquilidad y seguridad de las personas, de impedir la realización de los delitos contra la libertad de prensa que estamos denunciando, de proteger a las empresas que son víctimas de estas agresiones, en vez de apañar a los agresores con su pasividad, ya sea ésta por orden superior o por voluntad propia.
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