La crisis que en forma casi permanente ha vivido Nicaragua obedece a los abusos de poder, al debilitamiento de las instituciones y a la cultura jurídica y política a partir de la cual se percibe el desarrollo de los acontecimientos.
Esto, que a su vez proviene de una crisis ética y de valores, se encuentra en la base de los problemas inmediatos y específicos que ocupan cotidianamente nuestra atención.
Las características históricas del poder y las instituciones en nuestro país han estado determinadas, más que por el esfuerzo para la racional y adecuada utilización de los mecanismos jurídicos, por la idea y la práctica de que las instituciones y las leyes son instrumento al servicio de quien gobierna, proyecciones del poder personal cuya función esencial consiste en dar visos de legalidad a sus actuaciones.
Esta deformación ha alejado a nuestra cultura política de la verdadera naturaleza y sentido del Derecho y las instituciones, las que son creaciones de la voluntad general y expresión de la ciudadanía para organizar la vida colectiva y dar solución a los problemas que le corresponden.
El orden social debe garantizarse mediante la adecuada estructura jurídica, a través de la arquitectura político-institucional. La libertad misma, en sentido político, jurídico y social, es la armonía de la voluntad individual con la voluntad general. Ese es el sentido más profundo de la transformación de la libertad natural en libertad civil, de la que nos habla Rousseau en el Contrato Social y el de la democracia, la cual, como sostiene Kelsen, “significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es idéntica a las voluntades de los ciudadanos”.
En este ámbito jurídico y político, hemos enfrentado siempre en Nicaragua una crisis cultural, particularmente en lo que concierne al Derecho Público, pues mientras las Constituciones nicaragüenses han proclamado invariablemente las garantías individuales, los derechos civiles y políticos, la democracia, la libertad, la independencia de poderes, el Estado de Derecho, la práctica política, por su parte, ha transitado por caminos que llevan a la autocracia, la arbitrariedad, la situación de facto y el caudillismo.
En Nicaragua la vida política ha asumido siempre una inmediatez tangible. Vivimos y sobrevivimos con una conciencia coyuntural y los hechos momentáneos se nos adhieren al cuerpo como una segunda piel. En cambio, el sentido de un programa es más lejano y la percepción de la naturaleza de las instituciones como realidades jurídicas y políticas, diferentes de la realidad sensible, deviene frecuentemente difícil.
La conciencia colectiva sobre la naturaleza y utilidad de las instituciones es lo que las hace eficaces, lo que permite que realmente sean articulaciones del cuerpo político.
Una concepción semejante tiene por objeto despersonalizar el ejercicio del poder en el mecanismo institucional, pues entre gobernantes y gobernados se sitúa el sistema que enlaza, prescribe y comunica, a través de esa capilaridad en virtud de la cual se relacionan las personas, la colectividad y las instituciones.
En cierto sentido, la estabilidad de la sociedad está puesta en la eficacia del sistema del cual se ha dotado. Cuando la conciencia de esa institucionalidad es ambigua, su percepción también lo es, y la conducta individual y colectiva se modifica.
En esas circunstancias, no se produce, o se da en forma muy atenuada u opaca, esa incorporación en el Derecho y las instituciones de la voluntad general de la sociedad. Por ello, el poder se personaliza y se ejerce en forma directa sin la mediación institucional que deviene instrumento y pretexto para su ejercicio, mientras la sociedad y el Estado, carentes de las articulaciones necesarias que le confieren su contextura orgánica, son, como el molusco, cuerpos invertebrados y permeables a toda suerte de circunstancias.
Lo dicho no es una consagración beatífica de la institucionalidad, ni ignora que en la base de todo poder, cualquiera este sea, se encuentra identificado un interés que puede ser de clase o de grupo, de naturaleza económica o política o de ambas a la vez. Lo que quiere indicarse es que el poder sólo tiene justificación cuando está establecido y regulado por la ley y las instituciones, las que a su vez son expresiones de la voluntad general.
En Nicaragua el sistema jurídico e institucional no ha sido la causa ni el cauce que confiere legalidad y legitimidad al poder, pues ha permanecido desintegrado, exterior y como una función instrumental encargada, con no poca frecuencia, de “legalizar” sus actuaciones de facto. El rostro del poder es el rostro de quien lo ejerce y el pueblo, habituado a ello por una larga y nociva tradición, lo percibe personalizado.
La existencia del Estado de Derecho es una condición necesaria para la debida garantía de los derechos de la ciudadanía, pues sólo a partir de un sólido y armónico sistema institucional, capaz de ejercer los controles legales al poder, se podrá garantizar la estabilidad política y el desarrollo de la democracia. b
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