El vicesecretario general del Frente Sandinista, Tomás Borge Martínez, negó este lunes su declaración patrimonial 28 días después que LA PRENSA la solicitó ante las autoridades de facto de la Contraloría General de la República (CGR).
El presidente inconstitucional de la CGR, Guillermo Argüello Poessy, confirmó que recibió una comunicación de la abogada de Borge, Alma Leony González, donde el hoy embajador en Perú niega “enfáticamente” la posibilidad a este Diario de acceder a la lista de sus bienes.
LA PRENSA publicó una serie de reportajes en octubre pasado bajo el nombre de “La revolución del ex ministro del Interior”, en que se reveló que Borge, un crítico fervoroso de los ricos y la oligarquía del país, se embolsó 2.3 millones de dólares con la venta de cuatro propiedades desde agosto de 2004.
Borge también sacó réditos al Seguro Social, gracias a un préstamo de 1.6 millones de dólares que el INSS cedió a la Policlínica Cruz Azul, a la que él está vinculado, entre otros motivos, por un terreno de 417.5 varas cuadradas que estuvo a nombre de su esposa y que sirvió de garantía en el empréstito.
Presionado por las evidencias, Borge admitió que fue socio del negocio, pero informó que se lo había vendido al diputado oficialista Mario Valle Dávila, cercano a él. LA PRENSA solicitó también la declaración de bienes de Valle Dávila, debido a que él la ofreció públicamente, durante una entrevista con este Diario, tras decir que era una “mente brillante” para hacer negocios.
En esa entrevista Valle Dávila se quitó un reloj Rolex, que valoró en 20 mil dólares, para demostrar que la riqueza de su familia se codeaba con las más prominentes del país. Este lunes Valle Dávila negó su declaración en una carta enviada por la misma abogada de Borge, quien es su representante.
Según Argüello Poessy, Valle Dávila acusó a LA PRENSA de manipulación informativa.
“Este ciudadano (Octavio Enríquez) lo que persigue es hacer manejos y manipulaciones periodísticas con intenciones de desprestigiar la imagen, y señala como prueba de la mala fe del señor Enríquez el hecho de solicitar su declaración patrimonial cuando el diputado se encuentra fuera del país (en Taiwán)”, dijo Argüello Poessy citando a González.
El tema se discutirá en la CGR. La ley faculta a los contralores a facilitar la declaración, aunque los funcionarios se opongan.
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