Por Josué Bravo y Wilder Pérez R.
COSTA RICA/ NICARAGUA
El Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica anuló las pretensiones del Gobierno de ese país y la empresa canadiense Industrias Infinito, de desarrollar el proyecto minero a cielo abierto Las Crucitas, que amenazaba con contaminar el río San Juan.
La sentencia se dio un día después que en Nicaragua se revelara que Costa Rica es el cuarto país con mayor consumo de fertilizantes del mundo, según estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Banco Mundial.
TRIBUNAL ORDENA ELIMINAR DECRETO DE OSCAR ARIAS
Los jueces del Tribunal también ordenaron eliminar un decreto ejecutivo emitido hace dos años por el gobierno que presidía Oscar Arias, el cual declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero. Este decreto fue aprovechado por Industrias Infinito para talar en tres días unas 150 hectáreas de bosque, denunciaron ambientalistas, a pesar de que hay leyes que prohíben la tala rasa de árboles.
Pero los daños en Costa Rica contra el medio ambiente no se limitan a la deforestación, evidenciada en cualquier imagen satelital, sino que también abarcan la contaminación de los suelos a través del uso de fertilizantes.
Según los datos sobre el consumo de estos agroquímicos, Costa Rica es el cuarto país con suelos más contaminados, solamente superado por Islandia, Singapur y Malasia.
COSTA RICA, PAÍS CONTAMINANTE
Costa Rica metió una demanda contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia la semana pasada, en la que la acusa, entre otras cosas, de daños ambientales. Sin embargo, estudios del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA) muestran que, a pesar de que Costa Rica tiene sólo el 20 por ciento de la cuenca del Gran Lago de Nicaragua, aporta el 80 por ciento de la contaminación a este cuerpo de agua.
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Este desbalance se evidencia además porque Nicaragua aparece en el puesto 111 en el uso de fertilizantes, sólo superado en América Latina por Bolivia y Haití.
A pesar de esto, Costa Rica mantenía su interés de basar su desarrollo a costa de los daños ambientales sobre las fuentes de agua de Nicaragua. Aunque no toda la población costarricense estaba de acuerdo con los objetivos de Arias y la actual presidenta Laura Chinchilla.
ORDENAN INVESTIGAR A ARIAS Y SUS FUNCIONARIOS IMPLICADOS
Por ello la sentencia, leída por el juez Eduardo González, condena al Estado, a Industrias Infinito y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación para que reparen integralmente los daños ambientales por la tala rasa de bosque y el Tribunal fijará luego un monto económico que deben pagar.
El Tribunal también propuso al Ministerio Público investigar a todos los funcionarios involucrados en emitir el decreto, incluidos el ex presidente Arias y su entonces ministro de ambiente, Roberto Dobles.
Las medidas cautelares contra la empresa minera que mantienen paralizadas las obras del proyecto siguen en pie, según el Tribunal, mientras la sentencia queda en firme una vez que culmine el proceso de apelación que interpondrá Industrias Infinito.
Ayer tarde el Tribunal Contencioso dictó el “por tanto” del juicio y los argumentos del fallo serán dados integralmente el 14 de diciembre.
EMPRESA CONDENADA APELARÁ SENTENCIA
El gerente de Industrias Infinito, Juan Carlos Obando, había adelantado que de tener un fallo adverso, apelaría la sentencia ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
También habló de la posibilidad de una demanda internacional contra Costa Rica o de pedir indemnización millonaria mediante un arbitraje si el proyecto se revierte.
De momento la empresa minera informó en un comunicado que presentarán un recurso de casación ante la Sala I de la Corte Suprema de Justicia. La fase oral de este proceso inició el pasado 4 de octubre, sobre las demandas presentadas por el biólogo Jorge Lobo y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (Apreflofas).
Las demandas versaban sobre irregularidades en los permisos ambientales y la concesión minera, así como contra el decreto ejecutivo de hace dos años que avaló la minería, ante lo cual el Tribunal les dio la razón.
El abogado ambientalista de la Unión Norte por la Vida (Unovida), Edgardo Araya, quien coadyuvaba en el proceso judicial, explicó que los ambientalistas demostraron irregularidades en los permisos y concesión, lo cual refrendó el Tribunal.
“Logramos demostrar las grandes irregularidades que se dieron para que el proyecto caminara y el Tribunal nos está dando la razón. Eran 192 hectáreas las que se iban a talar, con el decreto se talaron 150 hectáreas en apenas tres días”, añadió.
Industrias Infinito no ha logrado extraer una onza de oro de este proyecto, que data desde 1993, porque las complicaciones legales le han impedido operar. Hasta la fecha, según la empresa, ha invertido 127 millones de dólares y las obras desarrolladas son infraestructura como edificios para oficinas y albergue para los trabajadores.
OSCAR ARIAS NO HABLA DEL FALLO
El Ministerio de Ambiente y Energía indicó que acatará la sentencia, una vez que quede en firme y se agote el proceso de apelación. Por su parte, Arias dijo que no se referirá al fallo, mientras que partidos opositores como el Acción Ciudadana celebraron junto a ambientalistas.
Este caso y otros forman parte del “libro blanco” que anunció el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre las verdades de Costa Rica en temas como el medio ambiente, desarrollo sostenible, capacidad bélica y respeto de las leyes internacionales.
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