Ante la inminente convocatoria a elecciones generales que harán las autoridades de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), representantes de partidos políticos dijeron que la aceptarán porque de lo contrario perderían su personería jurídica.
Líderes de los partidos mayoritarios reconocieron que al final no les queda más que legitimar un proceso ilegítimo, aunque no descartan que se puedan dar cambios en el Poder Electoral antes de que se realicen los comicios generales de noviembre de 2011.
Carlos García, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), opina que ante las constantes violaciones a la Constitución y las leyes, que comete el gobierno de Daniel Ortega, sería un “error” no inscribirse para participar en las elecciones de 2011, ya que sólo les quedaría “quejarse en la Corte del cielo”.
No obstante, García dijo que su partido va a luchar desde las presidencias departamentales y municipales, que le corresponden en las estructuras electorales como segunda fuerza política, y exigirán que haya observación electoral tanto interna como externa.
José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), destacó que participarán para demostrar que “está construido un nuevo fraude”, conducido por un CSE de facto, dispuesto a contar los votos a como lo indique el presidente Daniel Ortega y no la voluntad popular.
El presidente del Partido Conservador (PC), Alejandro Bolaños Davis, considera urgente elegir a los 25 funcionarios públicos cuyos períodos vencieron, entre ellos los magistrados del CSE, y criticó los acuerdos Metrocentro I y II, de la oposición, que rechazan la reelección de esos magistrados.
Bolaños Davis manifestó que después que el PC sufrió la pérdida de su personería jurídica, por un lapso de dos años, no puede cometer el “error” de hacer acciones para volver a perderla.
Avil Ramírez, de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), se limitó a decir que la convocatoria del CSE sería “una ilegalidad sobre otra ilegalidad”, porque los magistrados de facto no están facultados para convocar, ni dirigir ni organizar ningún proceso electoral.
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