Antonio Lacayo.LA PRENSA/ R. ORTEGA

No Pago frenó apoyo al sector lácteo

Antonio Lacayo, director ejecutivo de la Fundación Centro Empresarial Pellas, explicó que el programa Más Leche por Vaca fue suspendido por el congelamiento de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a causa de la inestabilidad causada por el movimiento de morosos.

Los efectos del movimiento de productores y comerciantes conocido como No Pago no sólo se limitan al sector de microfinanzas, sino que trascendieron a un programa de responsabilidad social empresarial, afectando a unos 500 productores de lácteos.

Antonio Lacayo, director ejecutivo de la Fundación Centro Empresarial Pellas, explicó que el programa Más Leche por Vaca fue suspendido por el congelamiento de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a causa de la inestabilidad causada por el movimiento de morosos.

Tomando como base que Nicaragua es el país con más capacidad de producción de leche y con más capacidad de aumentar esa producción, el año pasado arrancaría el programa Más Leche por Vaca, que sería financiado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), del BID, y BAC-Credomatic.

El programa consistía en canalizar créditos y asistencia técnica a unos 500 productores de leche en la zona de Matiguás, Río Blanco, Paiwas y Muy Muy, para incrementar el rendimiento por vaca y pasar de unos 4 litros por vaca al día, a unos 6 litros diarios por cada animal en un período de tres años. La intención era que con el mismo hato los productores incrementaran su productividad.

El programa sería ejecutado por la Fundación Centro Empresarial Pellas, brazo del Grupo Pellas que trata temas de responsabilidad social empresarial.

“Estaba todo firmado, todo listo, sólo para ejecutarse. El Movimiento No Pago surgió con mucha fuerza el año pasado y se decidió posponerlo por un tiempo”, explicó Lacayo.

El préstamo que el Fomin-BID daría para este programa era de un millón de dólares, y además de esto donaría unos 400 mil dólares para la asistencia técnica. Por su parte, BAC-Credomatic aportaría unos 600 mil dólares.

La razón por la cual el organismo financiero decidió detener el desembolso para ese programa, continuó Lacayo, es que el banco quiere “garantizar” que los préstamos sean pagados, “entonces no podemos entrar a un área o un momento en que se corre el riesgo en que el préstamo no sea pagado”.

La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (Asomif) estima que hasta junio pasado la cartera total de las instituciones que conforman la organización sumaba unos 188.8 millones de dólares, distribuida entre 273 mil clientes.

Al comparársele con el mismo mes del año pasado, la cartera se redujo en 56 millones de dólares, mientras que la cantidad de clientes mermó en 77 mil usuarios. De esa cartera, un 15.7 por ciento está en mora.

Según informó recientemente Alfredo Alaniz, director ejecutivo de Asomif, entre 10 y 12 millones de dólares los adeudan miembros del movimiento de morosos.

ESPERAN SE PUEDA REVERTIR

Lacayo espera que en un futuro cercano el financiamiento para el proyecto Más Leche por Vaca esté disponible, pero eso dependerá, sostuvo, del rumbo que tome el sector de microfinanzas y la posición que tome el Gobierno en torno a ese tema.

“Yo espero que sí (se pueda revertir), pero mucho va a depender de cómo finalmente resuelve el Gobierno el tema de las microfinanzas, porque no está resuelto. Las microfinanzas en Nicaragua iban caminando muy bien desde el 90 hasta el 2007, siempre creciendo, llegamos a ser el país de América Latina con mayor penetración per cápita de microfinanzas, pero lamentablemente el Gobierno lo ha debilitado mucho”, dijo Lacayo.

Hasta ahora el sector de microfinanzas carece de un marco jurídico para operar. La Ley de Microfinanzas fue aprobada en lo general hace unos siete años, pero aún no ha sido discutida en lo particular. La discusión de dicha ley estaría en la agenda de este año de la Asamblea Nacional, pero aún no hay señales de que sea prioridad de los legisladores.

Lacayo también señaló que si el Gobierno que resulte electo el próximo año da señales positivas sobre el manejo de las microfinanzas, este tipo de proyectos se podrían retomar.

“Obviamente tendría que tener con las microfinanzas una visión parecida a la que había desde el 90, fomentarla, apoyarla, evitar los excesos, pero no pegarle un hachazo en la cabeza, si no la mata”, resaltó.

UN FUERTE RETROCESO

Según el ranking llamado Microscopio Global sobre el entorno de negocios para las microfinanzas 2010, Nicaragua perdió 6.3 puntos en el listado de 54 países en el entorno de negocios y pasó de estar entre las primeras diez posiciones al puesto número 13, con 52.3 puntos de 100.

El listado es elaborado por la Economist Intelligence Unit, que es la división de inteligencia de negocios del Economist Group, la empresa que publica la revista The Economist. La elaboración de este informe es financiada por el Fomin-BID.

Según el reporte, en Nicaragua el deterioro de las condiciones de inversión y operación para microfinanzas se debe principalmente al movimiento No Pago, la Ley de Moratoria que impulsó ese movimiento y la falta de legislación que regule al sector.

“Un fuerte movimiento promovido por deudores, denominado el Movimiento No Pago, ha conseguido un fuerte apoyo político en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Este movimiento ha tenido un efecto pernicioso en el sector de las microfinanzas”, cita el informe.

La Ley de Moratoria, aprobada en febrero de este año, causó alarma entre los organismos financieros internacionales, y el BID no fue la excepción. En ese momento, esa institución mostró preocupación por tener colocados unos 20 millones de dólares en varias instituciones de microfinanzas.

La Ley Especial para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación de adeudos entre las instituciones de microfinanzas y deudores en mora, o Ley Moratoria, fijó una tasa de interés del 16 por ciento para que los morosos renegociaran con las microfinancieras las deudas vencidas antes del 30 de junio del 2009.

La ley establecía un plazo de 120 días para negociar y otorga entre cuatro y cinco años para pagar.

Sin embargo fueron escasos los productores y comerciantes los que se acercaron a reestructurar sus saldos vencidos y más bien pidieron al Gobierno que comprara su deuda a las instituciones de microfinanzas, para pagarlas a un plazo mayor y con “tasas de interés justas”. El Gobierno hizo caso omiso a esa petición.

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