Seguidores de Zelaya analizarán invitación al diálogo de Lobo

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) anunció hoy que analizará mañana, martes, la invitación del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a hablar sobre diferentes asuntos, incluido una eventual Asamblea Constituyente.

TEGUCIGALPA/ACAN-EFE

El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) anunció hoy que analizará mañana, martes, la invitación del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a hablar sobre diferentes asuntos, incluido una eventual Asamblea Constituyente.

El subcoordinador del FNRP, Juan Barahona, dijo a periodistas que la invitación de Lobo, a quien no reconoce como presidente, será analizada en una Asamblea Nacional Ampliada de Delegados Departamentales de la Resistencia, que exige una Constituyente y el regreso del ex presidente Manuel Zelaya.

Agregó que a la asamblea, que se celebrará en Tegucigalpa, han sido invitados los 56 delegados departamentales de la Resistencia Popular, lo mismo que representantes de las distintas organizaciones sociales y políticas aglutinadas en el movimiento.

Zelaya, coordinador general del FNRP, reside desde enero pasado en República Dominicana, a donde llegó tras salir con un salvoconducto de Lobo de la Embajada de Brasil en Tegucigalpa.

En la legación había permanecido recluido cuatro meses después de regresar clandestinamente a su país luego de su derrocamiento a manos de los militares en junio de 2009.

Lobo inició hace dos semanas un acercamiento con diferentes sectores sociales «para escuchar» sus opiniones sobre diversos asuntos de interés nacional, incluso la Constituyente que exige el FNRP.

Zelaya, que la semana pasada se reunió en Managua con dirigentes del FNRP, ha dicho que no acepta la invitación al diálogo que ha invitado Lobo porque «es una trampa» para validar a su gobierno, al que califica como una continuación del golpe de Estado.

El ex presidente también exige como condición para un eventual regreso al país que se anulen los juicios que se le han abierto en Honduras tras el golpe de Estado y que cese la «persecución política» contra algunos de sus funcionarios.

Varios de sus ex colaboradores también están acusados por presuntos delitos de corrupción y abuso de autoridad.

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