SANTO DOMINGO/AP
El gobierno dominicano conformó una comisión para responder ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por la queja presentada por Costa Rica debido al cobro de aranceles.
El ministro de Comercio, Ramón Fadul, y la directora de Comercio Exterior, Yahaira Sosa, viajaron a Suiza como parte de la comisión, informó el lunes el ministerio de Industria y Comercio.
La Dirección de Comercio Exterior adelantó que durante la semana ofrecerá detalles sobre la estrategia del país para defender la aplicación de aranceles, pese a la existencia de acuerdos comerciales.
El gobierno de Costa Rica presentó el 16 de octubre una demanda contra República Dominicana ante la OMC debido a la imposición de un arancel de 38% a los sacos y textiles de polipropileno, que se usan como contenedores de mercancías agrícolas.
El arancel también afecta a El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Fadul afirmó la semana pasada en un comunicado que los aranceles a los productos costarricenses fueron implementados con base en los propios mecanismos de salvaguarda establecidos por el tratado de libre comercio entre República Dominicana y Centroamérica, suscrito en 1998.
En ese convenio los productos de polipropileno están libres de aranceles. Pero la Comisión Reguladora de Prácticas desleales dice que el tratado firmado permite gravaciones por período limitado.
Agregó que el impuesto, que entró en vigencia el lunes por un periodo provisional de 18 meses, busca proteger durante ese período a los productores locales.
Según datos de la Comisión Reguladora, las importaciones de productos de polipropileno de Centroamérica se han incrementado 50,06% desde 2006, lo que «ha ocasionado un daño grave a la industria nacional» de esa rama.
El director del gubernamental Consejo Nacional de Competitividad, Andrés Vanderhorst, consideró que la demanda de Costa Rica pretende obligar a República Dominicana a negociar otros aranceles impuestos por supuesta competencia desleal por parte de las naciones del istmo.
República Dominicana estableció este año aranceles a otros 25 productos centroamericanos, en su mayoría salvadoreños, para compensar los incentivos otorgados por esos países a sus empresarios.
