AGUACATÁN/ ACAN-EFE
El Estado de Guatemala desenterró ayer a cinco víctimas del conflicto armado, en las primeras exhumaciones desde que hace 14 años se firmó la paz que puso fin a 36 años de guerra que dejaron 250,000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
Con relatos que familiares de las víctimas presentaron hace casi dos años a la Fiscalía, dos fosas fueron localizadas ayer detrás de una escuela en el caserío Agua Blanca I, de la aldea Patzalán, en el municipio de Aguacatán, en el departamento de Huehuetenango, a 300 kilómetros al noroeste de la capital.
Las osamentas pertenecen a los indígenas de la etnia Aguacateca identificados como Félix Cruz Mendoza, su hermano Roberto Virgilio, Jose Ailón, Gaspar Ailón Solís y el hijo de este, con el mismo nombre. Todos ellos fueron asesinados tras ser sacados por la fuerza de sus casas por el Ejército el 26 de febrero de 1982 durante el gobierno que presidió el general Romero Lucas García.
La exhumación fue realizada por antropólogos del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) de la Presidencia y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). El director del PNR, César Dávila, dijo que en cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), que investigó las atrocidades de la guerra, el Estado promovió esta primera exhumación.
La recuperación de los cadáveres había sido promovida con anterioridad por organizaciones que aglutinan a familias de las víctimas del conflicto, entre ellos el Grupo de Apoyo Mutuo y la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala.
Un experto del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) explicó que las osamentas fueron halladas debajo de una plancha de cemento, a poco más de un metro de profundidad. Los huesos aún estaban envueltos en plástico en las dos fosas que fueron excavadas por antropólogos y forenses del PNR y el Inacif.
Pablo Cruz, hermano de Félix y Roberto Virgilio, dijo que 28 años después de los asesinatos todavía siente “cólera”. “Mis hermanos eran campesinos trabajadores y no sé por qué les hicieron eso”, señaló con un dejo de tristeza este indígena de 49 años.
La Comisión de la Verdad documentó 669 casos de matanzas, 626 de las cuales se las atribuyó al Ejército, 32 a la guerrilla y el resto a otros grupos no identificados.
Dávila anunció que después del hallazgo de estas cinco osamentas, el Estado continuará con otras exhumaciones y ya se está recopilando la información sobre al menos tres cementerios clandestinos en los que se especula que pueden estar sepultados alrededor de 500 cadáveres de campesinos asesinados por el Ejército.
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