BOGOTÁ/AFP
“Con profundo dolor, con el puño cerrado y el pecho oprimido…”, informamos que el comandante Jorge Briceño, nuestro altivo y héroe… ha caído en su campo de batalla”, señaló la nota fechada el 25 de septiembre, en el que las FARC, con unos ocho mil guerrilleros, llaman a “los combatientes revolucionarios a redoblar la lucha”.
En reemplazo de Briceño se anunció la designación de Félix Antonio Muñoz, conocido como Pastor Alape, quien era el número 14 en el estado mayor de la guerrilla (de 31 jefes rebeldes). Por este comandante guerrillero, la justicia de Estados Unidos, que le señala de narcotráfico, ofrece una recompensa de 2.5 millones de dólares.
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Edgard Cely, informó ayer que el “Mono Jojoy” murió “por aplastamiento”, dado que el búnker en el que se refugiaba “se le cayó encima” a causa de las “siete bombas” que se lanzaron contra él. También confirmó que el jefe guerrillero Sixto Cabana, alias “Domingo Biojó” falleció en otro ataque hace una semana en la frontera con Ecuador.
El Instituto de Medicina Legal de Colombia investiga si en el último ataque murió la holandesa Tanja Nijmeijer, de 32 años, que ingresó a la guerrilla en 2005.
AFP Y EFE
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La Procuraduría de Colombia ordenó ayer la destitución de la senadora Piedad Córdoba, quien facilitó con el líder venezolano Hugo Chávez liberaciones de rehenes de las FARC, al acusarla de nexos con esa guerrilla, aunque el Consejo de Estado debe avalar la sanción.
El Procurador Alejandro Ordóñez decidió, además de la destitución, inhabilitar políticamente a Córdoba por un lapso de 18 años, indicó su despacho en un comunicado.
En agosto de 2007, el ex presidente Álvaro Uribe nombró a la senadora y al mandatario venezolano Hugo Chávez como mediadores para un posible canje humanitario de rehenes de las FARC por guerrilleros presos. Sin embargo, el propio gobernante colombiano puso fin a esa mediación meses más tarde.
Según la Procuraduría, cuando fungió de mediadora, Córdoba “se extralimitó en sus funciones, así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario”. Una investigación realizada a Córdoba se basó en documentos hallados en un computador del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, abatido en un ataque de las fuerzas militares colombianas a su campamento en territorio ecuatoriano en 2008.
En su papel de mediadora, Córdoba se reunió con Raúl Reyes, entonces número dos de las FARC, e imágenes de ese encuentro fueron difundidas luego en los medios de comunicación.
La senadora -reelecta en marzo en las listas del Partido Liberal- tiene derecho a interponer un recurso de reposición ante el mismo Procurador, lo que deja en suspenso su destitución e inhabilitación política, explicó una fuente de ese organismo.
Pero incluso si la Procuraduría decide mantener la sanción, ésta tendría que ser ratificada por el Consejo de Estado, la máxima autoridad de justicia contencioso-administrativa y la que puede realmente decretar la pérdida de investidura de los congresistas, de acuerdo con la Constitución, señaló.
Poco después del anuncio de la Procuraduría, Córdoba señaló a través de su cuenta de Twitter que evaluaba las acciones legales a ejercer. “En este momento estoy reunida con mis abogados sobre decisión del Procurador. “Tranquilos que Piedad es Inocente”, escribió la senadora.
El vicepresidente Angelino Garzón declaró, en tanto, que aspira a que la senadora pueda “demostrar su inocencia para que dicha sanción no prospere”. La Procuraduría carece de competencia penal y sólo tiene alcance de justicia administrativa o disciplinaria.
Además de su cargo de senadora por el Partido Liberal, Córdoba integra el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, con el cual facilitó la liberación de 14 rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) desde 2008.
El senador izquierdista Iván Cepeda, también integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, calificó esa sanción de “injusta” y aseveró que Córdoba “ha sido víctima de múltiples persecuciones por su labor humanitaria y a favor de la paz”, en declaraciones a la prensa. “Estoy seguro de que saldrá airosa”, dijo Cepeda, al evocar que la “Corte Suprema de Justicia ha adelantado investigaciones que hasta ahora no han arrojado ningún tipo de decisión”.
El Partido Liberal lamentó la decisión del Procurador, pese a que se declaró “respetuoso de las determinaciones de los órganos de control” y destacó que “las gestiones humanitarias de liberación de secuestrados contaban con la autorización del gobierno de ese entonces y el respaldo del liberalismo”.
El Procurador, que también la investigaba por supuesta traición a la Patria, señaló que la había absuelto de ese cargo. Hace unos meses, Córdoba denunció al Procurador por supuesto prevaricato, y sostuvo que las pruebas en su contra serían ilícitas por haber sido recogidas “en un país extranjero“, en alusión a Ecuador, sin ceñirse a “los procedimientos establecidos en la ley y en los convenios internacionales”.
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