CSE prepara proceso ilegal

El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, se apresta a convocar a las elecciones nacionales del 2011, las que desde ya son calificadas por sectores de oposición como ilegítimas.

En declaraciones al Canal 12 de televisión, Rivas afirmó que la convocatoria la realizarían en el marco del decreto 03-2010 y del segundo párrafo del artículo 201 (transitorio) de la Constitución de 1987, ambos argumentos claramente ilegales.

“Sí, vamos a convocar a elecciones, si la Asamblea (Nacional) no elige magistrados”, aseveró Rivas.

Expresó que la convocatoria se estaría realizando en la primera semana de noviembre de 2010, por lo que aprovechó para recordar a los grupos políticos que si tienen intenciones de organizar un partido lo hagan de acuerdo al tiempo establecido, que es doce meses antes de las elecciones, y a las organizaciones políticas vigentes a resolver sus litis internas, bajo la observación de la Dirección de Atención a Partidos Políticos.

La afirmación de Rivas provocó reacciones de miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), entre ellos Arnoldo Alemán, quien rechazó las declaraciones del ex magistrado, señalando que la convocatoria la harían “basados en un remedo de Constitución Política, que ilegalmente y abusando de su autoridad mandó a publicar el presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista René Núñez”.

“(Eso) representa el total rompimiento del orden democrático de la República”, dijo.

Agregó que “los ex magistrados electorales que actualmente usurpan funciones, basados en un remedo de Constitución Política o decreto presidencial inconstitucional del dictador (presidente Daniel Ortega), no garantizan elecciones libres y transparentes”.

De igual manera se pronunció el diputado liberal, José Pallais, quien recordó que la convocatoria sería ilegítima, debido a la ilegalidad en la que se mantiene ese poder del Estado.

PREPARAN RESOLUCIONES

Rivas, quien ya no es magistrado electoral pero usurpa ese cargo desde mediados de julio, confirmó que con los magistrados del CSE él prepara las ilegales resoluciones vinculadas al proceso electoral, como son el tema del manejo de las boletas electorales, trámite de impugnaciones, así como la invitación a los organismos de observación internacional.

En lo que se refiere a permitir que el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y Ética y Transparencia (EyT) observen el proceso electoral, dijo que podría ser factible, siempre y cuando se efectúe una reingeniería en la que Mauricio Zúñiga y Roberto Courtney queden fuera de los cargos que ostentan actualmente en cada uno de esos organismos.

MONSEÑOR BRENES DICE QUE OBSERVACIÓN ES GARANTÍA

Y mientras las autoridades del Poder Electoral empiezan a advertir que la observación internacional podría ser condicionada y la nacional no sería tomada en cuenta, al menos la que ellos califican como partidos políticos —siendo el caso del Ipade y Ética y Transparencia—, el Arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes dijo que es imperante la observación nacional e internacional, para darle transparencia a los próximos comicios electorales que se celebrarán en el 2011 en Nicaragua.

Brenes, al ser consultado sobre el tema, respondió que la observación electoral es una garantía también para el mismo CSE, quien tendría una mayor credibilidad sobre los resultados que dé a conocer.

“Yo siempre he dicho que quien no las debe no las teme. Siempre Nicaragua ha sido un país que acoge la observación, y creo también que la presencia de observadores nacionales e internacionales es una garantía, tanto para la institución del Consejo Supremo Electoral, como para todos aquellos que van depositar su voto”, precisó.

Los ex magistrados del Poder Electoral que se mantienen en sus cargos, amparados en el ilegal decretazo emitido por el presidente Daniel Ortega, son cuestionados por su complicidad en los fraudes de los comicios municipales del 2008, donde    el partido de Gobierno alcanzó la “victoria electoral” en 105 municipalidades; y las de las elecciones regionales en marzo pasado, al restarle cuatro consejeros al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

El Arzobispo de Managua, quien participó ayer en la reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal de Nicaragua en Estelí, concluyó que es necesaria la transparencia, con el fin de que la población tenga la seguridad de que su voto será tomado en cuenta y que se escogió a la persona que más obtuvo los votos para gobernar este país.

En iguales términos se refirió monseñor Jorge Solórzano, Obispo de la Diócesis de Granada, quien pidió a la feligresía que rece para que Nicaragua se encauce por la vía civilizada.

“Las elecciones, la transparencia, la observación, es el derecho que tiene el pueblo al voto, que se le respete el voto, porque de otra forma, si no vamos por cauce civilizado, iríamos a la brava, a la violencia, y eso no trae nada bueno a Nicaragua”, observó Solórzano.

A juicio del Obispo de Granada, el Poder Electoral debe ganarse la confianza de la ciudadanía, a quien le debe respetar los votos.

“Tenemos que pedir que haya elecciones libres, transparentes, que haya un Consejo Supremo Electoral en el que se tenga confianza, que los partidos y sobre todo la población tengan confianza que se va a respetar su voto, porque si no se respetan esos cauces civiles, habrá inconformidad y atraso para nuestro pueblo”, dijo Solórzano.

DE LICENCIADO A ABOGADO DE SU JEFE

El ex magistrado Rivas aprovechó para cuestionar a los políticos y abogados, por “confundir” a la ciudadanía al declarar que las actuaciones del orteguismo al intentar legalizar ilegalidades mediante decretazos y Constituciones adulteradas no tienen validez.

Rivas presentó una copia de la Constitución original de 1987, ya que señaló que la verdadera la tiene guardada en una caja de seguridad, en la que se establece la validez del segundo párrafo del artículo 201 constitucional, sin mencionar que el mismo ya era de carácter transitorio, que en la reforma de 1989 se modificó el primer párrafo y no se toca el segundo, porque éste ya había caducado.

Las reformas a la Constitución de 1989 se dan por el adelanto de las elecciones de 1990, y las autoridades de los Poderes del Estado de ese momento estaban vigentes en sus cargos, y una vez vencido, se eligió a sus sucesores.

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