BUENOS AIRES / AP
Clarín y La Nación, los dos diarios de mayor circulación en Argentina, calificaron de «aberración moral y jurídica» la denuncia presentada por el gobierno ante la justicia contra sus directivos por supuestamente adueñarse de manera ilícita y en complicidad con la última dictadura militar (1976-1983) de la proveedora de papel para prensa.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante y solicitó a un juez federal «que se investigue exhaustivamente la apropiación ilícita por parte de Clarín, La Nación y La Razón de la empresa Papel Prensa S.A, que se cometió mediante los delitos de asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad, torturas, vejaciones todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad», según consta en la denuncia.
«Pretender vincular esa compra con un delito de lesa humanidad es una aberración moral y jurídica carente de todo sustento fáctico», afirmaron Clarín y La Nación en un comunicado publicado el miércoles por ambos diarios.
Papel Prensa, que abastece a más de 170 diarios en todo el país, pertenecía al banquero David Graiver, quien operaba los fondos del grupo guerrillero Montoneros, y fue vendida a La Nación y Clarín en noviembre de 1976, meses después del golpe militar y de la muerte del empresario en un sospechoso accidente aéreo en México. En el negocio también participó el diario La Razón, que quebró en 2000.
Según denunció el gobierno, que mantiene una áspera disputa con el grupo Clarín desde hace dos años, la viuda de Graiver y otros familiares «actuaron bajo amenaza» al ceder las acciones a los tres diarios.
Responsabiliza a los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz; a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; su mano derecha Héctor Magnetto, y Bartolomé Luis Mitre, propietario de La Nación, entre otros.
«El gobierno sigue insistiendo en mentir, reescribir la historia y manipular los derechos humanos como herramienta de persecución y represalia», se defendieron los diarios.
Según denuncia presentada el martes por la noche ante el juzgado federal de Arnaldo Corazza, quien tiene a su cargo varias causas de delitos cometidos durante el régimen militar en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, los Graiver no tuvieron acceso al precio ni condiciones de la operación de venta de Papel Prensa y fueron obligados a firmar el traspaso a los diarios.
Agrega que en marzo de 1977 los integrantes del Grupo Graiver «fueron secuestrados por la policía bonaerense» y la mayoría de ellos alojados en un centro clandestino de La Plata.
En el escrito, el gobierno solicita a la justicia que «cite a declaración indagatoria» a los directivos de los diarios denunciados.
«Tal como se ha señalado en reiteradas oportunidades, no hubo en la adquisición de Papel Prensa delito alguno. Jamás en estos 27 años de democracia se han formulado denuncias al respecto», recordaron La Nación y Clarín, para los cuales el objetivo del gobierno es «avanzar sobre los medios que no se alinean con el discurso oficial».
