Ordenan a Honduras proteger activista opositora al golpe de Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, ordenó a Honduras proteger la vida de la activista Gladys Lanza Ochoa, quien ha recibido amenazas tras participar en actividades en contra el golpe de Estado del año pasado.

SAN JOSE/ACAN-EFE

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en Costa Rica, ordenó a Honduras proteger la vida de la activista Gladys Lanza Ochoa, quien ha recibido amenazas tras participar en actividades en contra el golpe de Estado del año pasado.

En una resolución de medidas provisionales, con fecha del pasado 2 de septiembre y publicada hoy en su sitio web, la Corte IDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordena a Honduras «adoptar de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de la señora Gladys Lanza Ochoa».

Los jueces también solicitaron a Honduras presentar un informe a más tardar el 20 de septiembre sobre las medidas adoptadas, y a partir de esa fecha presentar textos similares cada dos meses.

Este caso no forma parte de una demanda que ha sido presentada ante la Corte IDH, y según los magistrados las medidas provisionales se dictaron en respuesta a una solicitud de julio pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH, que se encarga de elevar las demandas ante la Corte, mantiene en estudio el caso y ordenó medidas provisionales a Honduras en julio del año pasado, las cuales asegura que no fueron cumplidas.

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como defensor de las víctimas ante la CorteIDH, indicó en un comunicado que Lanza Ochoa es coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos en Honduras.

«A partir del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009, la señora Lanza Ochoa ha sido víctima de una serie de amenazas y hostigamientos, tales como amenazas telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa y lugar de trabajo», indicó CEJIL.

Según CEJIL, tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la CIDH ha adoptado aproximadamente 200 medidas cautelares, tanto individuales como colectivas, pero «la mayoría de ellas no han sido cumplida de manera eficaz por el Estado hondureño».

«En el mes de marzo de este año el periodista Nahúm Palacios fue asesinado pese a ser beneficiario de medidas de protección», aseguró CEJIL.

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