Mediante el acuerdo presidencial No.195-2010, publicado en La Gaceta del 6 de septiembre del 2010, el Presidente de la República nombró a un nuevo presidente del Consejo Directivo del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras (Fogade).
El nuevo funcionario es Rolando José Sevilla Boza quien reemplaza en el cargo a Vilma Rosa León York.
De acuerdo con León York, el nombramiento se ajusta a que su período de cinco años se venció en agosto, y estaría acorde con la Ley 551 o Ley del Sistema de Garantía de Depósitos en vigencia desde agosto del 2005.
Lo que no queda claro, pues no se explica en el decreto presidencial, es que si para la asignación de Sevilla Boza al frente del Fogade se cumplió con la consulta de una terna que debería ser propuesta por los organismos representativos del Sistema de Garantía de Depósitos.
AÚN ESTÁN EN PROCESO DE TRASPASO
La ahora ex presidenta del Fogade, Vilma Rosa León York, confirmó a LA PRENSA que si bien ya está informada del nuevo nombramiento, todavía su sucesor no toma posesión del cargo.
“Según la Ley 551, los funcionarios estamos hasta que el Presidente nombra a los sucesores… Ahorita estamos en todo lo que es la coordinación del traspaso. Es una transición normal”, dijo León York.
Confirmó que de esta forma sale de la función pública “por el momento”.
La también ex ministra de Hacienda afirmó que se deja fortalecida la institucionalidad del Fogade por medio de la serie de normativas de regulación y manuales de control emitidos sobre el Sistema Financiero, para garantizar el manejo correcto de los depósitos de los ahorrantes.
“Hemos logrado aprobar con el Consejo Directivo las estructuras normativas que se requerían en el país en este sentido”, sostuvo.
BANQUERO DIRIGIRÁ
El nuevo titular del Fogade proviene del Banco de Finanzas (BDF). En la página electrónica del banco y de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) se indica que se desempeña como director de Riesgo de ese banco.
El Fogade fue creado hace nueve años para proteger los depósitos del público realizados en los bancos, empresas de ahorro y préstamos y otras instituciones financieras, ante eventuales crisis de insolvencia, iliquidez, bancarrota o quiebra.
La institución protege a los depositantes cuyos ahorros no superen los 10,000 dólares y dispone actualmente de poco más de 88 millones de dólares.
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