Cada vez que los funcionarios de Gobierno intentan explicar la procedencia, mecanismo y manejo del llamado “bono-regalo” para empleados públicos, terminan dando explicaciones confusas, pero lo más grave es que éstas rozan con la legalidad de lo que permiten las leyes de las finanzas públicas del país.
Este viernes, nuevamente, Bayardo Arce Castaño, asesor para Asuntos Económicos del presidente Daniel Ortega, afirmó que los 529 córdobas que reciben 145 mil trabajadores públicos, incluida la Policía y el Ejército, sí serán pagados con fondos provenientes del Alba.
Pero Arce aceptó que la primera explicación del presidente Ortega fue “un lapsus”. Además admitió que tuvieron que ceder ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y por tanto dispusieron 500 millones de córdobas de las reservas internacionales del país que maneja el Banco Central de Nicaragua (BCN), para asegurar el “bono-regalo” a futuro.
Arce dijo que si bien no tienen contemplado tener que usar al final esa plata de las reservas, de ser necesario lo harían. Argumentó que el Gobierno tiene toda facultad para hacerlo. “El Fondo (Monetario) dice: ‘me gustaría estar claro, estar seguro que si el Alba no lo puede dar, la gente se los va a pedir y de dónde lo van a agarrar’. Entonces le dijimos: vea, aquí están. Vean las reservas, las disponibilidades del Estado. Si es necesario se tocan. Pero no creo que sea necesario”, dijo Arce a LA PRENSA.
- Julio Francisco Báez, experto en derecho fiscal, analiza que a pesar de que el Gobierno ha intentado vender que existe un entendimiento con el FMI, es evidente que el bono-regalo lo complica.
Afirma que de ser así el FMI actuaría “contra sentido a su ortodoxia y lógica financiera, porque siempre ha demandado incrementar las reservas y no tocarlas”.
“Evidenciaría la complacencia de la prostitución del manejo de las finanzas públicas de parte del Gobierno de Nicaragua”, señaló Báez.
[/doap_box]
EL “LAPSUS” DE ORTEGA
El asesor presidencial justificó como “un lapsus” del presidente Ortega la primera explicación que dio, el lunes pasado, de que de los 1,400 millones de córdobas a obtenerse de la sobrerrecaudación de impuestos, se tomarían 500 millones de córdobas para colocarlos como un fondo de garantía en las reservas en el Banco Central. Esto como una manera de asegurar esos fondos, si eventualmente el gobierno de su amigo, el venezolano Hugo Chávez, no los volvía a entregar.
“Ya aclaramos eso. Ya dijimos que no. Ya lo aclaró él (Ortega) también. Fue una mala interpretación, fue un lapsus. Eso ya no existe, no sale un peso del Presupuesto”, insistió Arce. Ortega rectificó el jueves afirmando que no tocarán la sobrerrecaudación de impuestos, ni presupuestarán el bono-regalo, pues dijo que “no hay recursos” para hacerlo. Prometió que los empleados públicos lo recibirán en 2011, y que los recursos salen de las utilidades de las empresas del Alba.
FONDOS A SU ANTOJO
Arce también afirmó que el Gobierno no está obligado a cumplir ningún procedimiento para disponer de sus fondos que son parte de las reservas internacionales, a pesar de que tanto la anterior como la recién aprobada Ley Orgánica del Banco Central, en vigencia desde el 5 de agosto pasado, establecen un claro control al respecto. “No. No tiene (el Gobierno) que pasar ningún procedimiento. Si vos retirás tus reales de un banco, ¿qué procedimientos vas a usar?”, aseguró Arce.
“La reserva es una figura económica que refleja lo que la gente tiene ahorrado. ¿Quiénes ahorran ahí (en el BCN)? Los bancos que por ley tienen que tener el 15 por ciento de sus depósitos. El Gobierno (también), pero no está obligado a tenerla”, justificó. Con sus declaraciones el funcionario admitió que hay una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos.
“El Gobierno pone la plata donde quiere. La puede poner en el Banco Central, en los bancos privados, y en efecto así es. Si te vas a ver a los bancos, todos los bancos tienen depósitos del Gobierno, de las instituciones del Gobierno”, afirmó Arce.
Todas estas explicaciones y proceder del Gobierno, para el experto en temas fiscales Julio Francisco Báez, rozan la ilegalidad. Báez asegura que el presidente del Banco Central, Antenor Rosales, está obligado a explicar públicamente si existe una resolución del Consejo Directivo de la entidad autorizando al Gobierno a usar las reservas internacionales de Nicaragua, con el fin de cubrir como “colchón provisional” el pago de un complemento salarial.
Báez se basa en que el artículo 50 de la Ley 732, Ley Orgánica del BCN, establece que los términos y condiciones sobre “la guarda y administración de las reservas internacionales” son función “exclusiva del Consejo Directivo”.
Indica que, al constituir las reservas económicas del país un pilar de la estabilidad macroeconómica y de la bienandanza de las finanzas públicas, “no puede decir el Ejecutivo ahora que serán las garantías de un compromiso salarial suyo”.
“El hecho de colocar las reservas como un garante financiero de un compromiso presupuestario del Gobierno es una anomalía, una ilegalidad”, afirma.
Analiza que tanto Ortega como Arce “mienten” y “perpetúan en la ilegalidad”, al decir que no se tocará el presupuesto público para cubrir el bono-regalo si el Alba les falla. Pero el engaño está, según Báez, en que todos los recursos que maneja el Gobierno, proceden del presupuesto y por tanto de recursos de los nicaragüenses.
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,3 A