BOGOTÁ/AFP
El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá que rendir cuentas al Congreso y quizás renegociar con Estados Unidos el acuerdo militar que permitía el uso de siete bases en su territorio, que la justicia declaró inválido por no haber sido sometido al Legislativo.
La Corte Constitucional determinó que el acuerdo, que hace un año levantó una fuerte polémica en la región, tiene en realidad las características de un tratado internacional, y por ello requiere de la aprobación parlamentaria, paso que el anterior gobierno de Álvaro Uribe había eludido.
El gobierno de Santos declaró que acata el fallo y que estudiará detalladamente la decisión, pero hasta ahora ha sido prudente en anunciar qué pasos tomará. “La verdad es que en estos momentos dicho pronunciamiento no tiene un impacto directo. El número de efectivos que presta su cooperación a la fuerza pública en Colombia está circunscrito a acuerdos que ya tenían vigencia anterior. De manera que ese tratado no se había implementado hasta el momento”, manifestó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
Por su parte el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que mantendrá su “cercana cooperación” con Colombia y el portavoz Philip Crowley expresó que su gobierno espera que Bogotá “tome los pasos apropiados para asegurar que se pueda preservar el acuerdo bilateral”. Crowley señaló que “pueden existir acciones del Ejecutivo o del Legislativo para sobreponer las dudas” de la Corte colombiana.
El acuerdo —en cuya negociación participó el propio Santos como ministro de la Defensa— permitía el uso por parte de Estados Unidos de siete guarniciones militares colombianas para sus actividades antidrogas y contra el terrorismo, con la autorización de la presencia de un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles, amparados por inmunidad penal.
El texto fue suscrito en octubre de 2009 por el entonces canciller colombiano Jaime Bermúdez y el embajador estadounidense William Brownfield, sin ser sometido a la ratificación del Congreso de ambos países. Pero la decisión de la Corte Constitucional abre ahora el debate sobre la conveniencia de ese acuerdo e incluso la posibilidad de modificar algunos de sus puntos más polémicos.
El presidente de la Cámara de Representantes (baja), el conservador Carlos Zuluaga, un aliado de Santos, consideró que el fallo constituye “una gran oportunidad para realizar un gran debate” y permitir que crezca “la controversia sobre el tema”.
Para el politólogo Fernando Giraldo, la decisión plantea a Santos una “situación muy difícil”. “Él está comprometido con ese acuerdo, era ministro de la Defensa entonces y fue quien lo hizo público. Pero insistir en su aprobación puede crearle dificultades en la relación con Venezuela”, que en rechazo a ese convenio había “congelado” sus relaciones con Bogotá, dijo Giraldo.
Para el diputado Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático (oposición), “el Congreso es de mayorías oficiales y no me hago ilusiones de que sometido a debate no sea aprobado”.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
