CORRESPONSAL/ COSTA RICA
El grupo ambientalista Ni Una Sola Mina protestó ayer frente a Casa Presidencial, en Zapote de San José, para solicitar nuevamente a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, la derogación de un decreto que declaró de interés público el proyecto minero Crucitas.
El coordinador de este movimiento, David Rojas, dijo que piden a la mandataria que derogue el decreto 34801-Minaet, emitido por la pasada administración de Óscar Arias Sánchez, que dio luz verde al proyecto de minería a cielo abierto en San Carlos, al norte del país.
En una carta dirigida a la Presidencia, Ni Una Sola Mina explica que cuando emitió ese decreto aún existía una moratoria a la minería en Costa Rica, y además insiste en “la obligación de cumplir los tratados internaciones tendientes a evitar que cualquier actividad en suelo costarricense afecte el medio ambiente de un país vecino”.
“En este caso se pone en peligro el río San Juan (de Nicaragua) y las reservas biológicas de la zona”, dice parte de la carta.
Los ambientalistas solicitan una detallada explicación sobre los criterios y metodología utilizados para calcular la suma de 1,700 millones de dólares que el vicepresidente Alfio Piva indicó como monto de indemnización para la empresa Infinito, en caso de que el Gobierno anule la concesión minera.
“Creemos que el Gobierno de la República debe velar en primer lugar por los intereses de la ciudadanía y, en ese sentido, es inaceptable que dé por un hecho que somos nosotros el pueblo quienes debemos indemnizar, cuando existen indicios de que podría ser la empresa la que debe disculparse con el pueblo y compensar al Estado costarricense”, dice Ni Una Sola Mina.
RECOLECTARÁN FIRMAS
Ni Una Sola Mina hará desde ahora y hasta octubre una campaña de información y recolección de firmas en apoyo a la petitoria de derogación del decreto 34801.
La campaña se realizará en todos los espacios públicos y privados accesibles. Además manifestará su apoyo a las comunidades de la zona norte, que realizarán una caminata de Crucitas a San José, del 23 al 29 de agosto.
Los ambientalistas se harán presentes nuevamente el 8 de octubre en Casa Presidencial para recibir respuesta del Gobierno.
Los ambientalistas no descartan realizar incluso un ayuno frente a la sede del Poder Ejecutivo.
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