MANAGUA Y GRANADA.- La reforma a la Ley 152 o Ley de Identificación Ciudadana, que los diputados de la oposición se han comprometido a discutir con carácter de urgencia a partir de hoy que se reintegran a la Asamblea Nacional, luego de su receso de medio año, debe de buscar cómo solventar varias de las debilidades que tiene esta ley y buscar soluciones reales al problema de la cedulación en Nicaragua, que va más allá de la polémica por el cobro de las nuevas cédulas de identidad, advirtió ayer a LA PRENSA la ex magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya.
La Ley de Identificación Ciudadana vigente fue aprobada en marzo de 1993 y desde entonces diferentes legislaturas han propuesto su reforma, pero ninguna ha prosperado. La actual Asamblea Nacional no ha sido la excepción. La primera iniciativa fue presentada un par de meses después de la instalación del presidente Daniel Ortega, pero poco es lo que ha caminado.
- El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, comparte la demanda de que el Gobierno garantice la cedulación de los nicaragüenses que residen en el exterior.
El Obispo también opinó que el cobro de 300 córdobas para la entrega de nuevas cédulas es mucho dinero para el nicaragüense medio que vive al día y con gran escasez económica, por lo que sugirió que el Gobierno facilite la entrega de ella.
El Obispo de Granada, Jorge Solórzano, calificó el cobro como injusto. Parece que el dios dinero está al centro de esto y las personas se mueven por el dinero y no por el bien común.
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Hasta ahora, la Ley sólo ha recibido reformas parciales . La última para extender hasta diciembre del 2012 la vigencia de casi dos millones de cédulas que estarán vencidas para las elecciones presidenciales del 2011.
A partir de la polémica con el cobro de 300 córdobas para la entrega de las nuevas cédulas de identidad que está emitiendo el CSE, los diputados han prometido a que esta vez sí reformarán la Ley de manera integral.
LO QUE NO DEBE FALTAR
La ex presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, sugirió que uno de los aspectos fundamentales que se debe mejorar es el estado de la Comisión Nacional de Cedulación. Según la Ley, esta comisión debería estar presidida por el director nacional de cedulación e integrada por cuatro representantes electos entre los partidos políticos. Pero ésta no funciona así hace siete años.
“Esto se debe revisar. Los diputados deben encargarse de que la Comisión Nacional de Cedulación tenga mayores y mejores atribuciones”, solicitó Zelaya. Agregó que esta instancia es la que debería estar a cargo del proceso de cedulación.
Además, dijo que los diputados deberían considerar una reforma a la integración de esta Comisión. A su juicio, ésta debería estar integrada más por representantes de la sociedad civil que por miembros de los partidos políticos, pues todos los nicaragüenses tienen el derecho y deber de portar su cédula, pero casi el sesenta por ciento no pertenece a ningún partido.
Zelaya también criticó que el actual CSE ha reducido el trabajo de las delegaciones municipales a unos meses previos al día de las votaciones, a pesar de que la Ley 152 establece que éstas deberían encargarse a tiempo completo del proceso de cedulación. Lo que el CSE ha hecho hasta la fecha es dejar esta atribución sólo en las delegaciones departamentales, incurriendo en gastos y retraso para los ciudadanos nicaragüenses.
“El problema de la cedulación es mayor al cobro actual de las cédulas nuevas y los diputados de la Asamblea Nacional deberían aprovechar la reforma a la Ley de Identificación Ciudadana para solucionar las debilidades del proceso”, reclamó.
También apoyó la redacción de una normativa que garantice la cedulación en el exterior.
La ex funcionaria explicó que todas estas propuestas se pueden hacer con la mayoría simple de los diputados, porque son aspectos que no alteran lo que regula la Ley Electoral, que a diferencia de la Ley 152 sí es de rango constitucional.
Sin embargo, aclaró que un problema con la instalación de una nueva Comisión de Cedulación es que ésta debe ser nombrada por el CSE, que no cuenta con magistrados legalmente electos. Por eso, urgió que los diputados también den prioridad a la elección de los nuevos funcionarios del tribunal electoral y de otras instituciones.
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