ACAN-EFE
Los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunciaron hoy que van a indagar con los embajadores acreditados en el país sobre la elección de jueces sustitutos, denominados conjueces, para suplantar a magistrados opositores que se niegan a integrar Corte Plena.
«Vamos a pedirle a la Cancillería que nos haga un sondeo sobre la reacción del cuerpo diplomático (acreditado en Nicaragua) sobre esta situación», señaló la presidenta temporal de la CSJ, la magistrada sandinistas Alba Luz Ramos, al Canal 12 de la televisión local.
Los magistrados sandinistas eligieron el miércoles pasado a siete conjueces, en sustitución de igual número de colegas liberales, para ejercer funciones en Corte Plena y tratar de solucionar la crisis que afronta este poder del Estado.
De los conjueces, elegidos mediante tómbola, cinco son sandinistas y dos liberales.
«Estamos seguros que los miembros del cuerpo diplomático viven muy bien informados del acontecer de este país, de manera que si es necesario también vamos a hacer una aclaración», indicó Ramos, que defendió la elección de los conjueces.
«He repetido hasta el cansancio que esto (nombramiento) de los conjueces no sólo es legal, es constitucional», añadió.
El Parlamento nicaragüense eligió en marzo de 2007 a 16 conjueces para sustituir a magistrados en casos de ausencias, recusaciones, estar implicados o que se excuse, de los cuales sólo juramentó a 14.
La oposición desconoce el nombramiento de esos conjueces bajo el argumento que esa ley no está reglamentada, ni existe normativa que regule su integración.
La rifa de los conjueces se hizo por la ausencia de los magistrados opositores en las últimas tres reuniones de Corte Plena, a la que fueron convocados y no se presentaron.
Los magistrados liberales se han opuesto a celebrar reuniones de Corte Plena para no legitimar un decreto del presidente del país, Daniel Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos, entre ellos a los magistrados sandinistas Rafael Solis y Armengol Cuadra.
Solis y Cuadra, que el pasado 11 de abril cumplieron su periodo constitucional de cinco años, se niegan a abandonar el cargo amparados en esa disposición.
Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación en el Congreso a autoridades que concluían su mandato, en medio de una crisis generada tras la decisión de la Sala Constitucional de anular el artículo que impide la reelección presidencial, lo que favorecería a Ortega.
La Corte está integrada por 16 magistrados: ocho sandinistas y ocho liberales, aunque estos últimos sólo cuentan con seis por la muerte de uno de sus jueces en mayo de 2009, Guillermo Selva, que tampoco ha sido reemplazado y porque Damisis Sirias no se amparó en el decreto de Ortega.
La CSJ afronta una crisis que se agravó el 14 de junio pasado por falta de reuniones de Corte Plena, lo que ha impedido elegir a su nuevo presidente y vicepresidente, así como a los presidentes de las cuatro salas en que se divide el Poder Judicial.
